(Ilustración: Víctor Aguilar)
(Ilustración: Víctor Aguilar)
Daniel  Larsen

Profesor de política de la Universidad de Cambridge

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Con un presidente que se niega a comprometerse con una transición pacífica del poder, varios comentaristas han hecho sonar la alarma. Pero si bien es un ejercicio útil analizar los puntos de posible falla del sistema electoral, se pasa por alto una pregunta importante: ¿quién tiene el poder de conceder?

Todas las transiciones democráticas se basan en que un lado esté dispuesto a ceder el poder a otro. Sin una concesión en algún momento, el poder debe asignarse por la fuerza: o los militares deben decidir, o hay una guerra civil. Existe una creciente preocupación de que EE.UU. esté llegando a un momento en el que ya no se pueda lograr una concesión, pero si este es el caso, esto es un problema con el estado de la política estadounidense, no con su maquinaria legal.

El sistema electoral estadounidense es sorprendentemente robusto. En los sistemas presidenciales ordinarios de otros lugares, una comisión electoral anuncia el resultado. Entonces, la atención política se desplaza hacia el candidato derrotado, quien debe tomar la decisión crucial: ¿Aceptarán el resultado?

En comparación, la maquinaria electoral de EE.UU., a pesar de todas sus rarezas, ofrece mayores garantías sistémicas. Lo que en otros lugares es una decisión única de un individuo, en EE.UU. se extiende a lo largo de dos meses y medio, dentro de una gama laberíntica de procedimientos legales.

Cualquier elección presidencial en EE.UU. se lleva a cabo en dos etapas: la etapa de conteo de votos a nivel estatal antes de la votación del Colegio Electoral en diciembre, y una segunda etapa en enero cuando el Congreso cuenta los votos electorales.

La primera etapa involucra a innumerables funcionarios y tribunales locales y estatales. Si incluso un pequeño número de estos actores rompen filas partidistas, efectivamente pueden conceder la elección: un gobernador que certifica los resultados apoyando al partido contrario, un fallo judicial que ambos lados acuerdan obedecer.

Las legislaturas estatales tienen un poder de reserva no probado que les permite ignorar el voto de su estado y nombrar electores ellos mismos. Esto ha sido retratado como un grave peligro para el sistema. Pero también sirve para imbuir a más actores dentro del sistema con el poder de ceder. Un grupo muy pequeño de legisladores estatales puede romper filas partidistas y ceder a una elección en nombre de un candidato.

La siguiente etapa brinda más oportunidades de concesión. Si se disputan los votos electorales de un estado, la Cámara y el Senado se reúnen por separado para resolver la controversia. Un número potencialmente pequeño de representantes o senadores puede romper el rango, concediendo la elección al acordar resolver la disputa a favor de la otra parte. Aquí hay una ambigüedad legal potencialmente peligrosa: si la Cámara y el Senado llegan a decisiones diferentes, la ley que rige los procedimientos no es clara acerca de cómo reconciliarlas. Pero aunque legalmente peligrosa, políticamente esta ambigüedad, junto con la fecha límite del Día de la Inauguración, solo sirve para aumentar la presión de ceder.

La maquinaria electoral de EE.UU. ofrece muchas oportunidades para obtener concesiones. Pero fundamentalmente, todavía debe ser una de las partes que difiera. Los candidatos deben mostrar la voluntad de retroceder del precipicio. Los escenarios de pesadilla presuponen necesariamente que no solo un candidato podría rechazar el resultado de las elecciones, sino que todo un partido lo hará en todos los niveles del sistema. Si esto se hace realidad, el experimento estadounidense probablemente haya terminado en cualquier caso.

Las transiciones pacíficas de poder requieren voluntad política. Al final, la gente de un lado debe alejarse del abismo.

–Glosado y editado–

© The New York Times