La apuesta regional por el diálogo, por Rolando Luque

Es verdad que cuando llueve todos se mojan? No siempre. Hay quienes tienen la habilidad o la frescura de sacarle el cuerpo a los problemas. En los conflictos sociales, por ejemplo, no han faltado actores –entre ellos, alcaldes y gobernadores– que se las ingenian para apuntar con el dedo a otras instancias del Estado, o pasarse a la vereda de enfrente y engrosar las filas de los que protestan, como si la autoridad que el pueblo les entregó en las urnas no tuvieran que ponerla al servicio de la solución sino del agravamiento del problema. 

El 7 de octubre volveremos a votar en elecciones regionales y locales, y si bien los temas de la agenda son cada uno más urgente que el otro, me permito incluir estas preguntas en el debate. ¿Qué tienen pensado hacer los candidatos frente a los conflictos sociales? ¿Los comprenden, aquilatan su importancia, miden sus consecuencias y reconocen su papel en ellos? Por la forma cómo responda estas preguntas, el elector sabrá si la futura autoridad es capaz de gobernar en escenarios complejos –de la mano de la ley y el diálogo– o si buscará escabullirse de los problemas o confrontar al gobierno nacional.

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales vinculados a las competencias de los gobiernos regionales y locales comprenden el 28,3%. Por lo general tienen que ver con la prestación de servicios públicos, la ejecución de proyectos de inversión o la minería informal. No parece ser un porcentaje alarmante, pero hay otro dato que no puede pasar desapercibido: las transferencias a las regiones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia pasaron de S/348 millones en el 2003 a S/5.786 millones en el 2012 y actualmente a julio del 2018 son ya de S/4.211 millones. Buena parte del desarrollo se ha financiado con estos fondos, provenientes de actividades mineras; pero también se ha dilapidado en obras superfluas, o cambiado de manos en actos de corrupción.

Los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del gobierno nacional, pero impactan en las economías locales. Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto. No obstante ello, en solo 7 de 25 gobiernos regionales existen oficinas de gestión de conflictos con niveles aceptables de funcionamiento. Y en los gobiernos locales no hay ni por asomo alguna capacidad desarrollada en esta materia. ¿No es su problema? ¿Acaso no necesitan prepararse para dialogar? ¿No se percatan de los costos del conflicto?

El aporte de los actores locales al análisis fino de los contextos, a la legitimación de los espacios de diálogo y a la representación ponderada de los intereses de sus pueblos es clave en la gestión de un conflicto. Desde Lima la diversidad local se pierde en lugares comunes y fórmulas gruesas de interpretación; y a veces también desde las capitales de departamento. En el Perú el 76% de los conflictos ocurren fuera de dichas capitales. Para entendernos mejor hace falta redescubrir nuestra originalidad, respetarla e incorporarla en el análisis.

Estos son tiempos en los que no basta con la ‘muñeca política’. Hay que leer a diario el terreno que se pisa. El conflicto es el desafío principal en la vida de un demócrata y hoy que sopla una brisa reformista impulsada por los escándalos de corrupción, es esencial para los ciudadanos tener certeza sobre el grado de convicción en el diálogo que tienen los candidatos y su disposición a ventilar con transparencia los problemas que nos importan a todos. También deberán saber si, tras su paso por el gobierno regional o local, estos candidatos dejarían una democracia más prestigiada que la que recibieron.