¡Esto es… persecución política!, por Miguel Ángel Torres

Hacer política no es sencillo y construir un partido político es más complicado aún. Trabajo sacrificado. Quienes solo lo hacemos por el bien del país recibiremos como única recompensa saber que trabajamos por nuestros principios y valores, por buscar justicia y equidad.

Los demócratas sabemos que los partidos son vitales para garantizar la institucionalidad. Sabemos que a través de ellos la población participa y orienta nuestro destino como país, y la voz del ciudadano de a pie se puede hacer escuchar. A través de ellos, los ciudadanos exigen conocer la verdad.

Queramos o no, los partidos políticos son indispensables para darle sostenibilidad a nuestra sociedad. Por ello, lo sucedido el jueves pasado con el allanamiento de dos locales partidarios de Fuerza Popular por parte de la fiscalía es un golpe que atenta contra la democracia; especialmente, cuando la arbitrariedad y la discriminación juegan un rol fundamental en este atentado contra la libertad.

Arbitrariedad, porque el allanamiento se ejecutó con fundamentos ridículos, a pesar de los esfuerzos por aparentar razones lógicas. La resolución que autoriza el allanamiento se inicia por una denuncia periodística relativa a un supuesto aporte de la empresa Odebrecht a Keiko Fujimori (adviértase que no indica en ningún lugar la declaración del señor Marcelo Odebrecht en Curitiba). ¡Increíble, pero cierto! Hoy, una noticia no corroborada habilita actos como este.
La medida se “justifica”, además, porque Fuerza Popular tendría “doble contabilidad”, habría incurrido en “observaciones ante la ONPE”, nuestro actual secretario general no habría colaborado con las investigaciones y tendríamos aportantes fantasmas. ¡Todo es falso!

No existe una sola página que se duplique en nuestra contabilidad. Esto puede ser corroborado con los registros contables que tiene en su poder hace semanas la fiscalía, con las hojas correlativas y vacías incautadas en nuestra oficina de Surco.

No existen observaciones de la ONPE que evidencien incoherencias. El fiscal omite intencionalmente precisar que las observaciones efectuadas fueron subsanadas y que la propia ONPE reconoce que somos el único partido que cumplió con entregar toda la información requerida, por lo que no existe hoy observación pendiente de ser absuelta.

El señor Chlimper es militante desde el 2014 y secretario general desde el 2016. Colaboró intensamente con las investigaciones, absolviendo por horas las preguntas de los fiscales. Obviamente, no pudo dar alcances respecto a los eventos u organización de la campaña del 2011 (pues no participó en ellos), por eso –si se actuara de buena fe– en ningún caso sus declaraciones podrían interpretarse como una obstrucción al trabajo de la fiscalía.

Resulta increíble también que se pretenda alegar la existencia de aportantes fantasmas, cuando toda esa teoría se fundamenta en un supuesto “colaborador eficaz” (del que desconocemos, por cierto, qué estímulos tendrá para desconocer su aportación). Cerca de 500 aportantes participaron en esa campaña. Más de un centenar fueron interrogados por la fiscalía y todos ratificaron su participación.

Lo sucedido es, sin duda, arbitrario y discriminatorio. Fuerza Popular no tiene agendas, ni transferencias bancarias oscuras, ni dinero sin sustento, ni declaraciones de funcionarios de Odebrecht, ni incrementos patrimoniales injustificados y, menos aun, contrataciones con publicistas brasileños y sus locales han sido intervenidos, pero no los de aquellos partidos cuyos líderes están en esos supuestos.

Lo que sí tiene Fuerza Popular es contabilidad, recibos de aportaciones, informes ante la ONPE, registros bancarios, constancias de conformidad de fiscalizaciones efectuadas por la ONPE e, incluso, por la Sunat.

Fuerza Popular tiene también quien salga al frente para dar la cara, sin esconderse. Pero esto parece no importar al Ministerio Público. No importa si cumples la ley o no, si presentas toda tu información, si acudes a las citaciones, si colaboras para que se conozca la verdad... no, ello no interesa. Lo único que importa es destruir aquellos partidos que –con esfuerzo– están comprometidos con el país y la lucha contra la corrupción.

Afrontar actos arbitrarios y discriminatorios como este no nos amilana, si es el costo de enfrentar la corrupción… ¡Sepan que decidimos asumirlo! Aquí estamos... Aquí permanecemos… No dejaremos que los enemigos de la democracia sigan haciéndonos creer que “justicia” es igual que “persecución política”.