¿Existe un derecho a ser buscado?, por Mónica Barriga Pérez

El Estado tiene la obligación de investigar y de agotar todos los medios de búsqueda posibles para establecer la suerte de las personas desaparecidas. Esta afirmación es consistente con el derecho a ser buscado, cuyo titular son todas las personas desaparecidas y sus familiares. Este derecho está intrínsecamente ligado a “la obligación de los Estados de realizar una búsqueda seria, por la vía judicial o administrativa adecuada, en la cual se realicen todos los esfuerzos, de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos para dar con el paradero de las personas desaparecidas” (Caso Terrones Silva vs. el Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Este derecho que les asiste a las personas desaparecidas vinculado a la obligación del Estado de realizar la búsqueda, localización de las personas desaparecidas y, en el caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos humanos a sus familiares, es independiente y complementario a la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la comisión del delito. Cada obligación estatal responde a la satisfacción de un derecho de las víctimas. Por lo tanto, ambos derechos deben garantizarse y satisfacerse con los más altos niveles de diligencia y coordinación por parte de las autoridades competentes.

Estos mecanismos de búsqueda han sido implementados en diversos países de la región. Destacan las experiencias de Colombia, México y El Salvador. En el caso de nuestro país, la implementación de la reciente política pública de búsqueda humanitaria está a cargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su función principal es brindar respuestas sobre el destino final de las personas desaparecidas, así como garantizar el adecuado acompañamiento psicosocial a los familiares, para lograr un efecto reparador.

En el marco de esta búsqueda con enfoque humanitario, hoy tenemos la satisfacción de realizar un reencuentro familiar y de reconstruir una historia que había quedado en suspenso a lo largo de 34 años. Así como este caso, existen 3.257 niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante el período de violencia (1980-2000) en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), la base de datos que almacena los nombres y los apellidos de un total de 21.793 personas desaparecidas. El reto es grande y requiere de un trabajo coordinado entre todas las autoridades involucradas para poder brindar respuestas a las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.