Crisis cambiaria en Argentina, por Jan-David Gelles

Desde inicios de año, el peso argentino se ha devaluado nominalmente en más del 100%, considerando los máximos y mínimos históricos alcanzados hasta la semana pasada. A fines de agosto, el dólar estadounidense llegó a cotizar en 42 pesos argentinos, en medio de una fuerte corrida cambiaria (a inicios de año el dólar cotizaba en 19 pesos).

Una devaluación de esta magnitud tenderá a deprimir significativamente el poder de compra del salario de los trabajadores argentinos –ya afectados por los despidos en los sectores público y privado, y por los fuertes incrementos en las tarifas de los servicios públicos y en los precios de los combustibles y alimentos– e incrementará los niveles de pobreza entre la población.

Según el Boletín Oficial de Argentina, el “salario mínimo, vital y móvil” se determinó en 10.700 pesos desde el 1 de setiembre del 2018; es decir, alcanza un valor de US$281 al tipo de cambio de mercado y es equivalente a la “remuneración mínima vital” de S/930 vigente en nuestro país.

Si perduran la recesión económica y la inflación de precios, es previsible que Mauricio Macri no sea reelegido en el cargo de presidente en las elecciones generales del 2019.

De acuerdo con el perfil nacional económico elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina tuvo un saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos de manera consecutiva entre el 2010 y el 2017. En esos ocho años, el saldo deficitario alcanzó un pico, en el 2017, de alrededor del 5% del PBI. Este incluyó déficit en la balanza comercial de bienes –que se agravó por una sequía que afectó las cosechas este año–, en la de servicios y en la de la renta de factores. De manera persistente, las importaciones superaron a las exportaciones y, durante los últimos años, los pagos de intereses por la deuda externa fueron elevados.

¿Cómo financió Argentina esos déficits en sus cuentas externas? Durante los casi tres años de gobierno de Mauricio Macri –que liberalizó el comercio y las inversiones al inicio de su mandato tras el fin del cepo cambiario– el financiamiento provino predominantemente del endeudamiento externo e incluyó deuda de corto plazo y especulativa (el total de la deuda externa argentina ascendió a US$253.741 millones al cierre del primer trimestre del 2018, según fuentes oficiales).

Como ilustración de lo anterior, el Banco Central de Argentina colocó letras (denominadas Lebacs) que alcanzaron la enorme suma de casi US$60.000 millones a principios de año, y ofreció tasas de interés en pesos para plazos de 35 días que llegaron hasta el 47% (nótese que esa tasa puede ser la rentabilidad de un especulador que aporta los tan buscados dólares a la economía argentina, convierte sus dólares a pesos y al vencimiento convierte sus pesos a dólares si el tipo de cambio no varía).

Precisamente, fue en conexión con un gran vencimiento de Lebacs en mayo que el Estado Argentino solicitó un préstamo de US$50.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) –una institución que despierta amplio rechazo entre la población– e incluso, durante la corrida cambiaria de fines de agosto, anunció que quería negociar un adelanto de los desembolsos acordados con carácter contingente para los próximos tres años. En estos días, además, estaría solicitando una ampliación de US$20.000 millones.

Paralelamente, el gobierno macrista se orientó a reducir el déficit fiscal primario, vale decir, aquel que excluye el pago de intereses sobre la deuda pública. Ese desbalance fiscal fue una herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empero, la eliminación temprana de las retenciones impositivas sobre las exportaciones de soya causó una pérdida de cuantiosos ingresos fiscales (esa eliminación ha sido suspendida en plena crisis).

Así, en julio la agencia de noticias Thompson Reuters informó que durante el primer semestre del 2018 el Gobierno Argentino tuvo un déficit fiscal primario como porcentaje del PBI del 0,8% y, en enero, que para todo el 2017 este había sido de 3,9%. En ambos casos, cifras inferiores a los objetivos oficiales.

En otros términos, se implementaron políticas de austeridad fiscal sobre el gasto público no financiero y el gobierno priorizó el pago de los intereses sobre la deuda en manos de los “fondos buitres” –deuda reconocida tras cuestionables fallos en tribunales estadounidenses–, así como el pago de intereses sobre la nueva deuda pública, contraída para pagar la deuda vieja.

En síntesis, las severas medidas de austeridad fiscal que impondrá el Gobierno Argentino tras su acuerdo con el FMI, como la eliminación del Ministerio de Salud, que se fusionará a nivel federal con el Ministerio de Desarrollo Social, son el resultado del rescate de los especuladores financieros y la priorización de los intereses de bancos y fondos de inversión.