Uso de la fuerza y uso de la razón, por Iván Meini
Uso de la fuerza y uso de la razón, por Iván Meini
Iván Meini

El Ministerio del Interior ha publicado el proyecto de reglamento que regula el uso de la fuerza por parte la Policía Nacional del Perú (PNP) y ha dado 15 días de plazo para recibir sugerencias y recomendaciones. Es saludable este proceder. Las leyes han de considerar e incorporar el sentir de la comunidad a través de mecanismos alternativos a la elección de legisladores cada cinco años.

Quien haya leído el Decreto Legislativo 1186 –que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP– y el proyecto de reglamento, difícilmente estará en desacuerdo con lo que ahí se propone, pues aclara cuándo la policía puede usar la fuerza y cómo debe hacerlo. La regulación de criterios (legalidad, necesidad y proporcionalidad) que permiten decidir si la situación que enfrenta el policía en el ejercicio de su función amerita o no el uso de la fuerza, y en su caso qué tipo de fuerza, y los protocolos de actuación para tales situaciones son reglas elementales en cualquier sistema jurídico. 

Además, si la finalidad de la PNP es garantizar y mantener el orden interno, proteger a las personas, garantizar el cumplimiento de las leyes y prevenir y combatir la delincuencia, debe admitirse que en ciertos casos, cuando sea necesario y no exista otra forma de proceder, se justifica el uso de la fuerza por parte de la policía, incluso cuando sea letal. Las disposiciones del proyecto de reglamento permiten una adecuada ponderación de las circunstancias para decidir sobre el uso de la fuerza. 

Las disposiciones de este tipo sirven tanto para los policías, pues constituyen un marco de actuación para el ejercicio de la función, como para los ciudadanos, que encontramos en ellas razones plausibles para entender que el uso de la fuerza es a veces necesaria si queremos que la PNP cumpla con su función. En tal sentido, destaca que el uso de la fuerza ha de ser diferenciado y progresivo dependiendo de las circunstancias y, sobre todo, que las órdenes que recibe el efectivo policial para emplear la fuerza deben ser lícitas, lógicas, oportunas, claras y coherentes, y que de no ser así, el efectivo policial no puede alegar que ha obedecido a su superior. 

El problema es otro. Sería ingenuo creer que la aprobación de un reglamento, cual acto de magia, le dará a los policías el aplomo, la experiencia, el entrenamiento y los recursos necesarios para decidir in situ sobre el uso de la fuerza. El problema es la falta de profesionalismo de la PNP, que no se origina en los policías que a diario vigilan las calles, sino en los mandos superiores y políticos que, debiendo, no deciden reformar la policía. Reforma que debería empezar con la formación y capacitación continua. No es fácil, pero sí necesaria.

Ahora que la acreditación de las universidades es obligatoria y eso permitirá saber cuáles deben mejorar si desean seguir operativas, debería hacerse lo mismo con la Escuela de Oficiales y la Escuela de Suboficiales de la PNP. No se trata de cantidad (son tres semestres presenciales de estudio), sino de calidad. Mientras la formación y la capacitación continua no mejore, es difícil que la situación cambie.