Dicho sea de paso, por José Ignacio Beteta

El escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y los cientos de vidas que nos vienen arrebatando friajes y heladas invernales son los eventos que acaparan casi toda la atención de medios, políticos y líderes de opinión. Y es lo que toca. Ambos son eventos que el presidente Martín Vizcarra y su Gabinete deben afrontar de manera radical y sin demoras. Sin embargo, no se puede perder de vista el desempeño cotidiano del Estado en aquellos sectores que son vitales para la ciudadanía, y una forma de evaluarlo es acompañando la calidad de su ejecución presupuestal.

Hace algunos días, la ministra de Salud, Silvia Pessah, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso y afirmó que había ejecutado aproximadamente el 50% de las cuentas del sector. El porcentaje no solo era inusual frente a la típica ejecución de la mayoría de sectores en esta época del año, sino que requería a todas luces un análisis más detallado para determinar en qué se había gastado el dinero de los contribuyentes. Una cifra así de contundente no podía pasar desapercibida.

Analizando la información oficial, actualizada al 30 de junio, pudimos observar lo siguiente: de los S/917 millones que tiene el Ministerio de Salud para comprar productos farmacéuticos –medicamentos y suministros– solo ha ejecutado S/112 millones, esto es el 12%. De los S/135 millones que gestiona para comprar medicinas para tratar enfermedades como la TBC y el VIH/sida, solo ha gastado S/13 millones; el 10%. Pasa lo mismo si analizamos la ejecución de compras de medicamentos para la salud neonatal, partida en la que solo se ha ejecutado el 17% del presupuesto.

Y podríamos seguir. Una de las obras de infraestructura más grandes del sector se ejecuta en Cusco y es la ampliación del hospital de Quillabamba. ¿Cómo va el proyecto? Solo se ha ejecutado el 3% de los S/147 millones destinados a esta iniciativa en el 2018.

¿Hay alguna partida en la que el Ministerio de Salud se acerque al 50% de ejecución? Sí, la partida de salarios y remuneraciones de sus trabajadores. La planilla se ha ejecutado en un 45%. Como era de esperarse.

Por ello, mientras nos rasgamos comprensiblemente las vestiduras frente al descaro que tienen nuestras autoridades para ser corruptas, y nos conmovemos al pensar en los cientos de niños y ancianos que mueren de frío, deberíamos poner los reflectores en el uso que el Estado hace de nuestro dinero. Ese dinero debería servir para construir un Estado más transparente y ético. Pero esto no ocurre. Ese dinero debería servir para prevenir el embate de nuestro duro invierno y no dejar que nadie muera a causa de él. Pero no es así.

Dicho sea de paso, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes 2018 implica una inversión total del Gobierno Central de S/334 millones, y constituye un presupuesto tres veces mayor al del año pasado. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por su parte, ha recibido 15 veces más recursos que en el 2017 para este fin. Lo paradójico es que el año pasado se reportaron menos de 20 muertes a causa del frío y este año vamos 600. La lenta respuesta del Estado ante esta catástrofe es evidente y el sector privado y la sociedad civil han tenido que redoblar esfuerzos para mitigar su impacto. Dicho sea de paso.