Historia de un escenario conocido, por Natale Amprimo Plá

A pesar de mis más de dos décadas en el ejercicio profesional, en la cátedra universitaria y en la vida política de mi país, debo admitir que aún hay cosas que me sorprenden; más aun en democracia.

Hago notar que soy abogado del Grupo El Comercio y, como lo exhibe mi hoja de vida, siempre he defendido el sistema democrático y la libertad de expresión, combatiendo controles e intromisiones de cualquier tipo.

Como es por todos conocido, con motivo de la adquisición por parte del Grupo El Comercio de un paquete accionario del Grupo Epensa –lo que permitió la subsistencia de dicha línea editorial, manteniéndose los tres principales grupos editoriales de prensa escrita–, un grupo de periodistas ha promovido un amparo, pretendiendo se declare la nulidad de una operación comercial privada. El referido proceso se encuentra en giro actualmente.

Uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional es el de independencia; que implica que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de tal función. 

A pesar del referido principio de independencia, percibo un escenario distinto. Veamos:

En primer término, la demanda se admitió en circunstancias bastante extrañas, que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. 

En segundo lugar, ni bien ello ocurrió, dos conocidas ONG (el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) promueven que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convoque a una audiencia pública, para analizar la problemática de la “concentración de medios en el Perú”. 

¿Qué le solicitan realmente? Que se oficie al Estado Peruano para que las resoluciones judiciales que resuelvan casos de concentración de medios se emitan conforme a los “estándares interamericanos sobre libertad de expresión”, y que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA incluya, en sus próximos informes temáticos, la noción de posición de dominio en el mercado como una situación que puede poner en riesgo la pluralidad y diversidad de la información pública. En buena cuenta, utilizando un ropaje camuflado, muy bien fraseado en aspectos principistas aunque contradictorios (pues, por un lado, se indica que ya hay estándares en la materia, lo que no es cierto para prensa escrita; y, por otro lado, se solicita fijar los mismos), se buscó interferir en la función jurisdiccional.

A la referida audiencia pública no fue invitado el Grupo El Comercio, pese a que la solicitud se sustentaba en sus actividades comerciales y periodísticas. Por ello, se solicitó por escrito al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, que, a la luz de los precedentes existentes, se facilite nuestra participación en la referida audiencia, para que realmente se constituya un espacio equilibrado y plural para el libre intercambio de ideas y opiniones. Dicho pedido, aunque parezca insólito, nunca mereció una respuesta.

Realizada la audiencia, intervino el embajador político de nuestro país ante la OEA, y ex presidente del Consejo de Ministros del actual régimen, Juan Jiménez Mayor, quien, en la misma línea de lo que pretendía el vocero de una de las ONG solicitantes, David Lobatón, expresó que el Gobierno del Perú recibiría con beneplácito las recomendaciones que pudiese emitir la CIDH. En buena cuenta, un juego en pared que, por intervención de la actual relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, no prosperó; pues, con criterio, puso énfasis en que el caso que involucra la operación comercial realizada por el Grupo El Comercio se encontraba judicializado, y que, además, había quienes teníamos legítimo interés en la materia y no habíamos sido oídos.

Como quiera que la estratagema abortó, ahora el mismo embajador político Jiménez Mayor señala que está evaluando la formulación de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que se pronuncie sobre la misma materia. Es decir, por otra vía, se busca, una vez más, interferir en la función jurisdiccional. 

Para finalizar, aunque usted no lo crea, el representante del IDL, David Lobatón, aspira, ahora, a reemplazar a la relatora Catalina Botero. De Ripley.

Sería bueno que el correcto presidente del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza, haga escuchar su voz, en defensa del fuero judicial peruano.