Ideas para combatir el robo y el hurto, por Noam López

Desde hace más de cinco años, la sociedad peruana percibe a la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Durante estos años, de todos los delitos existentes, el delito contra el patrimonio ha sido el más frecuente. A partir de los indicadores disponibles sobre este fenómeno delictivo, puedo argumentar que nuestras instituciones con un rol en el sistema de seguridad y justicia siguen teniendo serios problemas para revertir esta situación. A diferencia de las medidas represivas conocidas como de “mano dura”, considero que los recursos disponibles en el Estado deben de estar enfocados en atacar la reproducción del mercado de objetos robados. Para ello planteo las siguientes cuatro medidas de política pública.

Considero urgente reforzar el trabajo de inteligencia policial para desarticular las redes que acopian y revenden los objetos robados. Los delincuentes en la vía pública son solo uno de los actores de todo este mercado. Los brókeres que coordinan esta actividad no están necesariamente en las calles. Por ejemplo, para el caso de robo de celulares –el cual involucra 6.000 unidades diarias según Osiptel– la evidencia indica que existen puntos de coordinación y una red de actores más o menos estable en el tiempo (pensemos en el técnico que desbloquea el celular o el que revende en un stand de una galería). Se debe, por tanto, enfocar la criminalización en los nodos estratégicos de la red criminal.

La fiscalización de mercados e incautación de objetos robados es otra medida importante. No sostengo que no haya trabajo de este tipo, sino que la estrategia y la frecuencia con la que se practica no logra reducir la oferta. Lima Cercado, por ejemplo, concentra alrededor de diez centros comerciales y galerías que se encuentran legalmente constituidos, pero que junto a los productos legales, están los de segunda mano, los piratas, los de contrabando y los robados. En una de las últimas intervenciones policiales, la incautación fue de menos de la mitad de lo que el mercado de objetos robados mueve en un día. Es claro que aquí la PNP no es la única que debe estar comprometida con esta labor, sino también la Sunat y los gobiernos locales.

Una tercera medida se centra en quitar el atractivo de los objetos robados, al menos los electrónicos, haciendo que, luego de haberse denunciado su pérdida, se vuelvan inservibles. En esta parte de la política el sector privado tiene que hacerse presente puesto que es uno de los actores claves en el problema. El Estado, de la mano de los operadores de telefonía celular, por ejemplo, debe de trabajar en la aplicación de nuevas tecnologías para lograr un mayor control de los celulares legales. Hasta la fecha los técnicos de los delincuentes están sorteando nuestras metodologías de bloqueo, y la norma como tal no se hace cumplir.

Una última medida, también público-privada, se centra en la disuasión de la demanda de estos objetos con productos comunicacionales para diferentes segmentos poblacionales. Se trata aquí de hacer entender al ciudadano que si compra un objeto robado le está pagando indirectamente los honorarios a los delincuentes, y con ello, manteniendo los niveles de crimen violento. Según el INEI, entre el 2011 y 2014, el robo asociado a muerte violenta pasó de 4% a 8% del total de homicidios, y la mayor parte ocurrió en áreas urbanas y en ciudades capitales, donde Lima concentra la cuarta parte del total.