El presidente Martín Vizcarra invocó hoy al Congreso a iniciar el proceso de remoción de los magistrados del CNM.  (Foto Prensa Palacio)
El presidente Martín Vizcarra invocó hoy al Congreso a iniciar el proceso de remoción de los magistrados del CNM. (Foto Prensa Palacio)
María Luisa Puig

En las últimas semanas, una serie de audios ha mostrado la enraizada corrupción en el Poder Judicial, a solo pocos meses de que el escándalo de Odebrecht, el indulto al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la filtración de los ‘kenjivideos’ terminaran con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Las nuevas revelaciones han desatado la renuncia del presidente de la Corte Suprema, entre otros; la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); el cambio del ministro de Justicia y pedidos para que el nuevo fiscal de la Nación dé un paso al costado. En este contexto, lo más llamativo del del presidente Martín Vizcarra fue precisamente el anuncio de un para avanzar con la reforma judicial y otros cambios en el sistema político, como la no reelección de congresistas.

Pese a la magnitud del último escándalo de corrupción y a las medidas anunciadas por Vizcarra, es difícil impulsar grandes reformas en el país sin el apoyo del Congreso. Este, controlado por la oposición, parece tener pocos incentivos para realizar una profunda reforma del Poder Judicial en un contexto en el que varios políticos o se han visto envueltos en el último escándalo o ya enfrentan investigaciones por otros casos. Los incentivos para realizar una reforma política son incluso menores, considerando que esta prohibiría su reelección.

La capacidad de Vizcarra de avanzar cualquier gran reforma sin el apoyo de la mayoría del Congreso es limitada. Si bien su reacción frente al último escándalo pudiera ayudar en algo a levantar sus niveles de aprobación, estos van en picada desde que asumió el cargo, hace solo cuatro meses. Al igual que Kuczynski, Vizcarra carece de operadores políticos y aliados en el Congreso. Depende de la oposición para gran parte de sus iniciativas e, incluso, para permanecer en el cargo hasta el término de su mandato en el 2021.

No obstante, al margen de lo que suceda con las reformas, los efectos a largo plazo de este y otros casos de corrupción recientes probablemente sean considerables y afecten la próxima elección presidencial. La preocupación de los peruanos por la corrupción y el descrédito de la clase política aumentará, ya sea por su participación directa en el caso, por quedarse de brazos cruzados frente al problema o por oponerse a buscar soluciones.

Elecciones recientes y otras por venir en América Latina han estado marcadas por un fuerte descontento del electorado con el gobierno de turno y un amplio rechazo hacia una clase política desprestigiada por escándalos de corrupción. En México, esto ayudó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a obtener una arrolladora victoria frente a los candidatos del PRI y del PAN. En Colombia, el izquierdista Gustavo Petro no logró el triunfo en la segunda vuelta frente al derechista Iván Duque, pero obtuvo el mejor resultado para la izquierda en la historia del país. Duque, mientras tanto, pasó en pocos meses de ser un senador influyente pero desconocido a presidente electo. En Chile, la izquierdista Beatriz Sánchez obtuvo en la primera vuelta presidencial bastante más votos de lo que predecían las encuestas. Y en Brasil, el derechista Jair Bolsonaro parece tener su pase a la segunda vuelta asegurado.

En el Perú, un débil sistema de partidos facilita la presencia de ‘outsiders’, como se ha visto en elecciones pasadas. Keiko Fujimori parece seguir siendo la candidata a vencer en el 2021 –sino antes–, pero una nueva figura puede fácilmente poner nuevamente en riesgo sus aspiraciones presidenciales en este contexto. El candidato más competitivo probablemente sea el que capture este rechazo.