Impunidad y esterilizaciones forzadas, por Julio Arbizu

En los noventa se instauró en el Perú un programa que esterilizó a más de 300 mil mujeres, casi todas campesinas pobres y quechuahablantes. En esos años, un importante número de casos ya era denunciado públicamente por haber usado engaños o coacción contra las potenciales víctimas. 

Un sistema de justicia todavía entregado a los designios de la organización criminal que tomó el Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori siempre fue renuente a la investigación de estos casos. Por eso en 1998 las víctimas de estas prácticas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En octubre del 2003 el Estado aceptó que el primer caso llevado al sistema, el de la señora Mestanza Chávez, fallecida a consecuencia de la intervención quirúrgica, representaba una grave violación a los derechos humanos, y se comprometió ante la CIDH a investigar los casos similares y sancionar a los culpables. 

Producto de ese acuerdo, se abrió una investigación que, luego de casi siete años, se archivó considerando que los hechos habían prescrito. El 5 de noviembre del 2010, la CIDH envió un informe al Estado condenando lo que consideraron una decisión contraria a los acuerdos asumidos por el Estado.

Por ello, en el 2013 el Ministerio Público reabrió el caso y nombró un fiscal para dedicarse a este exclusivamente. La investigación alcanzaba a los presuntos autores materiales, a Fujimori, a los ministros y a los funcionarios que participaron en el programa de esterilizaciones. Luego de unos meses, sin embargo, el fiscal Marco Guzmán Baca decidió archivar el extremo de la investigación que incluía a Fujimori y sus ministros, y formalizar denuncia contra los autores materiales por homicidio culposo. 

La defensa de las víctimas interpuso un recurso de queja para que un fiscal superior se encargase de revisar la decisión de Guzmán Baca. Según el turno, la fiscal superior que debía conocer la queja era la doctora Luz Ibáñez, pero el fiscal Guzmán Baca demoró la elevación del recurso, provocando que la competencia recayera en el fiscal superior provisional, Luis Landa. 

Frente a las críticas, el representante del Ministerio Público aseguró en una reunión de la CIDH que se repararía el error y que la fiscal competente era la doctora Ibáñez. Al avocarse la fiscal a la queja, solicitó recursos logísticos y humanos para afrontar el caso. Frente a esto, José Peláez, entonces fiscal de la Nación, le retiró la competencia y se la concedió, nuevamente, a Luis Landa. El argumento de Peláez fue que Landa se dedicaría exclusivamente a examinar la queja. Sorprendida, la fiscal Ibáñez recibiría dos días después una nueva resolución de la Fiscalía de la Nación, corrigiendo el extremo de la dedicación exclusiva y señalando que Landa se dedicaría al caso conservando su carga. Se extinguía, así, cualquier justificación para la remoción de la competencia.

Dieciocho años después, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación. Esa justa demanda se sigue estrellando contra la indolencia, desidia e indiferencia de un sistema de justicia que no se pone en el lugar del otro y que, sobre la violencia que ese otro ha tenido que soportar, agrega la impunidad de sus agresores.