"Con optimismo, espero que el Congreso esté a la altura de aprobar esta imprescindible reforma" (Ilustración El Comercio).
"Con optimismo, espero que el Congreso esté a la altura de aprobar esta imprescindible reforma" (Ilustración El Comercio).
Hania  Pérez de Cuellar

Ex presidenta del Consejo Directivo del Indecopi

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Darle autonomía constitucional al Indecopi es fortalecer una institución clave para nuestra economía y sociedad.

Debe darse luego de un proceso de reflexión, que reconoce su madurez y experiencia, su solvencia técnica y que, en la actualidad, ya ejerce mandatos constitucionales. Sería un error que esta decisión se base en la búsqueda de una solución inmediata a una crisis política.

Por tanto, esta propuesta debe entenderse como una de las reformas estructurales que el Estado debería impulsar para mejorar la gestión pública y cumplir cabalmente el mandato de su rol subsidiario. Construir nuestra aún frágil democracia empieza por preservar las instituciones de las presiones políticas de todo tipo, ya sean estas partidarias y/o privadas, y ponerlas exclusivamente al servicio del interés público.

El principio de constitucionalidad pretende conceder al Indecopi el espíritu democrático con el cual deberían manejarse las entidades públicas con mandatos tan sensibles como la protección de los ciudadanos consumidores, la garantía de procesos competitivos del mercado y el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Indecopi es, sin duda, una de las instituciones públicas con la que todos deberíamos sentirnos representados y defendidos de los excesos del mercado. Su legitimidad, en democracia, se da en tanto ella vela por nuestro interés general. Por eso, no hay otro camino a tomar de cara a la crisis de confianza institucional que estamos viviendo y en respuesta a los inmensos desafíos de desarrollo socioeconómico que tenemos pendientes en nuestro país.

Mientras se zanja este viejo debate en el pleno, surgen otras legítimas interrogantes relativas a la gobernanza. El dictamen plantea una fórmula interesante en el sistema de elección del máximo órgano de gobierno, el Consejo Directivo. Este se elegiría a través del concurso público de méritos y evaluado por un comité de selección conformado por representantes del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la SBS, la PCM y la Contraloría General de la República por un período de siete años. Este rango de tiempo le daría independencia con respecto del Gobierno y del Congreso en ejercicio.

También deja abierta la posibilidad de la reelección, seguramente inspirada en el BCR, para estimular la meritocracia y el impacto positivo de una buena gestión de política pública. De manera clara, establece los mecanismos de remoción relativos a dicha designación.

Sin embargo, esta propuesta también cierra el paso a la demanda de algunos especialistas y asociaciones de consumidores, que plantea que la competencia de Defensa y Protección del Consumidor debería tratarse en una institución ad hoc, al igual que el sistema concursal y dumping y subsidios. Posición que debió debatirse más.

La ley orgánica deberá resolver temas medulares, como la composición presupuestal y la autonomía de gestión de los órganos resolutivos, y que ameritan un análisis técnico profundo. De acuerdo con el dictamen, la ley deberá aprobarse en un plazo no mayor de 90 días. El nuevo consejo directivo será elegido en 60 días. Esto deja un plazo de tan solo un mes para que la nueva gestión presente una propuesta seria y consensuada con los principales agentes involucrados. Se infiere que es la gestión saliente la encargada de liderar la propuesta de ley orgánica. Esto no tendría mucho sentido.

Estos aspectos críticos, que son vitales para la adecuada gestión futura del Indecopi, los puse en agenda durante mi gestión y es elocuente que hoy retomen vigencia. Estas reformas deben sustentarse en propuestas técnicas especializadas e independientes. No hacerlo será solo un maquillaje y no ayudará a resolver los problemas de conflictividad creciente en el mercado ni a desarrollar la competitividad y la libre competencia.

Debemos asumir que el principio de autonomía e independencia será aplicado para la selección y designación de los comisionados y vocales. Difícilmente habrá modelo perfecto, pero se deberá elegir aquel mecanismo transparente que premie, sobre todo, la meritocracia y la solvencia técnica. En cuanto al presupuesto, la autonomía permitirá al Indecopi acceder a recursos del Tesoro Público, sumándolos a los directamente recaudados y así asignarlos directamente a impulsar mayores acciones de oficio, de prevención y a fortalecer su presencia en las regiones.

Finalmente, la constitucionalización del Indecopi le brindará iniciativa legislativa plena. Y si bien transformará la relación de “subordinación” ante la PCM, a la de independencia, paridad y coordinación, esto fortalecerá el principio democrático de la separación de poderes.

Concluyo reafirmando que la resolución de los conflictos se sustenta en una construcción más inclusiva y democrática de nuestra sociedad y de sus instituciones públicas y privadas. Indecopi tiene un papel fundamental en esta noble tarea de democratización del país. Con optimismo, espero que el Congreso esté a la altura de aprobar esta imprescindible reforma.