“La información puede ser usada para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
“La información puede ser usada para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Gilberto Moncada

En general, existe consenso sobre la utilidad de la información estadística pública para respaldar decisiones de gobierno, empresariales o de otra índole. Sin embargo, la paradoja es que, en la mayoría de los países de América Latina, incluido el Perú, esta actividad no recibe de los gobiernos el apoyo correspondiente a su importancia. Como uno de los objetivos de la estadística oficial es medir los resultados de la gestión pública, y al ser el mismo gobierno el responsable de producirla, un indicio es que los incentivos para fortalecer la capacidad estadística no siempre están alineados; es decir, habría un potencial conflicto de intereses. La información puede ser usada para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad.

Un estudio del BID (, 2018), del que soy coautor, muestra que la capacidad estadística a través del tiempo ha estado influenciada por procesos históricos comunes a los países de la región, como las iniciativas de reforma del Estado, la exigencia de transparencia y los apuros fiscales; pero particularmente esta capacidad se ve sujeta a factores de economía política relevantes a la estadística. Entre ellos, la demanda de datos de áreas técnicas del Estado; las demandas externas y la ayuda internacional que reciben las oficinas nacionales de estadística; el papel que desempeñan los presidentes nacionales y sus proyectos políticos; el efecto de las crisis económicas y políticas; y la existencia de una sociedad civil y empresas que demandan estadísticas de calidad. Además, de las acciones estratégicas que las autoridades y técnicos de las propias oficinas de estadística realizan en su esfuerzo de construir institucionalidad estadística. El estudio destaca que la demanda de datos, y en particular la creación de una masa crítica de usuarios, es un factor esencial para impulsar la capacidad estadística de un país. Si bien ello no es suficiente, es una fuerza potencial para reforzar la autonomía y la calidad técnica.

Lo anterior se evidencia desde el caso de México, donde una severa crisis económica impulsó la necesidad de producir datos de calidad y la creación de una institución estadística –Inegi– con solidez técnica y un marco legal de autonomía único; hasta el caso de Argentina, donde, hasta hace poco, la intervención del Poder Ejecutivo sobre las cifras de inflación eliminó la confianza nacional e internacional en su Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Igual, en Brasil, cuando una nueva Constitución federal en la década de 1990 hizo que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística comenzara a producir estadísticas para fortalecer la democracia, e impulsó su aproximación con la prensa, academia y organismos multilaterales. O el caso de Colombia, cuando el objetivo de ingresar a la forzó el fortalecimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para poder responder a los estándares de calidad estadística exigidos; o en Ecuador, donde el perfil técnico del presidente anterior fue relevante para el fortalecimiento estadístico. El caso de El Salvador evidencia cómo la polarización ideológica entre dos partidos fuertes debilita el desarrollo y la consolidación de la capacidad estadística.

El estudio describe el caso del como un organismo que, en general, ha seguido una trayectoria de mejora progresiva e incremental a lo largo de su historia, logrando confianza en la calidad técnica de los datos que produce. Pero también señala que la institución enfrenta problemas para dar un salto cualitativo en la calidad estadística y en su consolidación institucional.

El INEI, para respaldar su labor, ha puesto en práctica estrategias internas para garantizar la continuidad técnica de la institución; ha desarrollado vínculos con actores de la sociedad civil para recibir retroalimentación técnica, crear legitimidad y proteger a la entidad; ha atendido la demanda de información estadística de sectores tecnocráticos del Estado, que bajo un enfoque de una gestión por resultados requiere evidencia para la evaluación de políticas; y ha establecido vínculos internacionales para obtener recursos y alianzas para la creación de capacidades. Sin embargo, la debilidad del peso real de la institución, tanto normativo como político, impide que el INEI cumpla su rol de coordinación del sistema estadístico nacional y que esté en capacidad de negociar en mejores condiciones sus demandas con las máximas autoridades, de tal forma que pueda innovar y enfrentar retos más complejos en la producción estadística oficial.