"El Estado carece de una visión integral e integradora de la seguridad, de las consiguientes políticas eficientes y medidas eficaces que aseguren proscribir la impunidad y proporcionarnos protección" (Ilustración: El Comercio)".
"El Estado carece de una visión integral e integradora de la seguridad, de las consiguientes políticas eficientes y medidas eficaces que aseguren proscribir la impunidad y proporcionarnos protección" (Ilustración: El Comercio)".
Javier González-Olaechea Franco

Doctor en Ciencia Política, experto en gobierno e internacionalista

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La función del Ministerio del Interior es quizá la más delicada, pues si no hay seguridad, casi todo pierde piso. Padecemos una amplia gama de amenazas porque, en los últimos años, la cantidad e intensidad de los delitos ha crecido dramáticamente.

Hay que enfatizar que la moral policial resiste valerosamente –a pesar de los bajos salarios policiales, de su constante exposición a la muerte o a la incapacidad física o mental– al vejamen, a la desprotección legal y al miserable arrinconamiento ideológico a su función, que es esencialmente patriótica.

Por si fuera poco, se impuso legalmente la proporcionalidad en el uso de la fuerza como si fuera equiparable la labor del policía con la condición del delincuente.

El Estado carece de una visión integral e integradora de la seguridad, de las consiguientes políticas eficientes y medidas eficaces que aseguren proscribir la impunidad y proporcionarnos protección. Registramos delitos en varias dependencias y muchas se gestionan inconexamente, manteniendo islas de valiosa información. Esto constituye una debilidad y un mar de oportunidades para delincuentes y para ciertos poderosos abogados y políticos.

Hoy, la delincuencia es más compleja y difícil de combatir. En un mapa conjunto del delito, encontramos ciberdelincuencia, narcotráfico, lavado y falsificación de dinero, sicariato, lavado de activos, falsificación de documentos, tala ilegal, minería ilegal, trata de personas, pornografía infantil, migración ilegal, extorsión, asesinatos, secuestros, prostitución callejera, ejercicio ilegal de profesiones, suplantación de identidad, sustitución de propietarios en registros públicos, habilitaciones falsas de locales, maltrato animal, clonación de tarjetas bancarias y de placas, feminicidios, delincuencia callejera, violencia psicológica, grabación ilegal, abuso de menores, violencia de género, asesinatos por encargo, robo de cajeros, tráfico de migrantes, de drogas, de oro, de órganos, de tierras y de armas, principalmente.

Frente a este panorama, el presidente nos obsequia una pinturita ministerial. A continuación, presentaré solo seis razones por las cuales la designación de Luis Barranzuela es cuestionable y que, a su vez, agravan su situación.

1. La titular del Consejo de Ministros ha declarado que el presidente nombró al ministro por razones políticas. Incluso, el mismo Barranzuela lo ha reconfirmado en recientes declaraciones, lo que resulta abiertamente inconstitucional.

2. Como oficial de la policía, acumuló 158 amonestaciones: abandono de servicio, abuso de autoridad, contra el decoro, negligencia y contra el deber profesional, todo lo cual perfora la esencia de la misión policial. ‘Grosso modo’ y en promedio, tuvo una sanción cada dos meses, sin descontar los días que cumplió castigo o arresto. Como ministro del Interior, resulta un ejemplo degradado de los valores indispensables para comandar a sus subordinados y, por ende, tampoco ofrece garantía y seguridad a una ciudadanía cada día más desprotegida.

3. Su designación evidencia el brazo operador político y ahora ministerial de ‘Los Dinámicos del Centro’, cuyas investigaciones y capturas también recaen en dicha cartera.

4. Hasta su nombramiento, fue abogado de poderosos impresentables, de presuntos traficantes de armas, en un conocido proceso de lavado de activos vinculados al narcotráfico. De hecho, ahora él es defendido por el mismo letrado del congresista Bermejo, quien está siendo investigado por afiliación terrorista.

5. Resulta inocultable el riesgo y la tentación de usar su cargo en favor de sus amigos, de sus expatrocinados, que son, nada menos, el conjunto más oscuro del poder fáctico.

6. Las acciones del ministro en Devida corren en sentido contrario con la indispensable erradicación de la hoja de coca, según documentos publicados en medios de prensa.

Finalmente, su nombramiento cuestiona toda la razonabilidad del criterio de selección del presidente. ¿Qué pretendió el señor Castillo? Si buscaba credibilidad, obtuvo descrédito; si intentaba combatir la rampante delincuencia, sembró más impunidad incrementando dudas sobre su capacidad o complicidad. Para fugaz e irrepetible éxtasis de los ideólogos lingüísticos, ¡la continuidad del ‘ministre’ es ‘insosteniblo’!