Las exclusiones de la Ley de Servicio Civil, por Juan Carlos Cortés

Jorge es un abogado que trabaja en un despacho jurisdiccional del Poder Judicial y ha visto publicada una convocatoria para especialista en un Tribunal Administrativo en el Poder Ejecutivo. Considera que si accede a esa plaza tendrá mayores conocimientos y quizá luego pueda tentar un puesto superior. Valora que esa experiencia sería importante para su carrera. Sin embargo, con la reciente exclusión
–mediante insistencia congresal– de los trabajadores del Poder Judicial de la Ley de Servicio Civil, las aspiraciones de Jorge no se van a poder concretar, porque el tribunal al que aspira sí se encuentra en una entidad que ya ingresó al régimen de la ley y solo pueden postular los trabajadores de instituciones que están en este.

Si bien actualmente la ley se encuentra en plena implementación y aún no se ha culminado con el tránsito hacia el nuevo régimen de servicio civil, el caso descrito arriba se podrá presentar en un futuro próximo.

¿Pero qué significan las exclusiones de la Ley de Servicio Civil? ¿Por qué se están dando? La respuesta es compleja, pero trataremos de dar algunas explicaciones.

Un primer aspecto es la necesidad que existe en el interior del sector público de desmarcarse de los demás miembros del mismo sector bajo el concepto de “la especialidad”. Ciertamente no existe ninguna entidad que no sostenga que “es especial” ya sea por la población que atiende, por los temas que aborda, por el ámbito geográfico en el cual se encuentra, etc. Sin embargo, esta especialidad no significa dejar de tener una mirada más amplia de lo que hace y debe hacer el sector público, porque tenemos algo en común que es mucho más fuerte y más importante que ser especiales: el servir adecuadamente a los ciudadanos. Un régimen laboral único basado en la meritocracia, orientado a los ciudadanos ciertamente es un objetivo mucho más grande que el sentirse especiales. Estamos más preocupados en nuestras supuestas diferencias que en nuestras semejanzas y retos comunes.

Considero que otra de las explicaciones, que está ligada a la anterior, es la visión limitada mediante la cual se cree que los problemas de una institución solo se pueden resolver por ella misma. Se cree que es más fácil dejar de lado la mirada de conjunto más integradora y más equitativa, y obtener algunos beneficios solo para los miembros de la entidad. La historia ha comprobado que esta visión no es correcta.

Una explicación adicional es que se cree que derrumbando y haciendo todo de nuevo lo vamos a hacer mejor, cuando nuestra realidad nos dice todo lo contrario. Todo puede ser mejorado, pero no tiene sentido eliminar lo avanzado bajo la ilusión de que podemos hacerlo nuevamente. La historia nos grita de los fracasos constantes en nuestras reformas.

Resulta difícil comprender la exclusión del Poder Judicial, más aun porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional (el caso sobre la ley de servicio civil) que obliga a incluir a todas las entidades públicas y señala expresamente a quiénes se aplica el nuevo régimen. Esto porque al igual que en los casos de la exclusión del Congreso, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros, se quiebra un aspecto fundamental de la democracia: el Estado de derecho. Parte de nuestros problemas como país es que entre la informalidad y el incumplimiento no respetamos las sentencias judiciales. ¿Cómo exigir el respeto si promovemos justamente que se vulnere lo ya establecido en este caso por el Tribunal Constitucional?

En este contexto, una gran mayoría de ciudadanos hemos expresado lo beneficioso que sería para el Perú pertenecer a la OCDE, este grupo de países desarrollados que comparten sus buenas prácticas en diversas materias, tanto por el proceso como la propia permanencia. El estudio de la OCDE sobre gobernanza pública del año 2016 se pronuncia expresamente sobre la necesidad de contar con un servicio civil estable y profesional porque “es fundamental para el desempeño del gobierno en todas las áreas” y porque, al estar basado en la meritocracia, “es un prerrequisito para garantizar que los ciudadanos reciban una atención justa y equitativa en todo el país [...]”. Señalan además que la “nueva ley de servicio civil, una vez que empiece a implementarse, puede mejorar en gran medida la capacidad de gestión de los servidores públicos […]”.

El camino está claro. Sabemos que una reforma de este tipo toma su tiempo, sobre todo cuando no solo es un cambio de régimen laboral, sino también una reorganización de las entidades públicas. Entonces, ¿queremos hacer una reforma de esta naturaleza para mejorar los servicios que brinda el Estado? ¿Queremos entrar realmente a la OCDE? Esperemos que la respuesta sea positiva, aunque como país no estamos dando mucha muestra de ello.

El partido está iniciado: o seguimos en la cancha para mejorar y ganar el partido o simplemente hacemos lo más fácil, nos excluimos y seguimos como siempre, sin darle un buen servicio a los ciudadanos y sin profesionalizar la función pública bajo la meritocracia.