Vista frontal del Palacio de Justicia, en el Centro de Lima. (Poder Judicial)
Vista frontal del Palacio de Justicia, en el Centro de Lima. (Poder Judicial)
Juan Monroy Gálvez

Casi dos mil años después de su aparición, una variante moral del maniqueísmo es el nuevo patrón de conducta social del Perú del siglo XXI. Ahora solo hay buenos y malos. Toda noticia u opinión publicada es aclamada por unos y vituperada por otros. El siglo XX fue el del cambalache; este el de la certeza. Para los nuevos fanáticos toda duda, aun la razonable, es una forma de traición.

Entonces, aunque es tiempo de callar, no lo haré. Ello implicaría aceptar que se prolongue una antigua desgracia nacional. En diciembre pasado la comunidad fue convocada a un referéndum, allí esta le oficializó a la clase política la necesidad de otro sistema de justicia. El Gobierno, obediente, ha propuesto un proyecto de ley creando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al penoso Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Desde la formación de los estados modernos, el juez fue sometido por el Ejecutivo (rey, dictador o presidente). Lo nombraba, ascendía, removía y además se encargaba de su organización. Desde fines del siglo XIX empezó la lucha por su independencia externa –del Ejecutivo o de cualquier otro poder– e interna –de las autoridades judiciales y jueces de grado superior–. La lucha consistió en crear consejos de la magistratura (CM) formados por jueces y laicos que se encargaran de organizar la justicia en todos sus aspectos, aunque la finalidad fuese la independencia del juez y la autonomía del sistema judicial.

En los sistemas judiciales de Europa occidental –nuestra herencia– la tarea consistió en desligarse del sistema de organización judicial napoleónico, una estructura burocrática y jerárquica. Italia, Francia y España tienen sobre esto una historia de luces y sombras pero que siempre consistió en que los CM regulados en sus constituciones concreten la liberación. Son rasgos comunes de estos CM: que lo presida el jefe de Estado; que sus miembros sean jueces y laicos con mayoría de los primeros; que los jueces sean elegidos por sus pares de cada grado; que a los laicos los elija el Congreso y, principalmente, que los CM no solo nombren, promuevan, sancionen y formen jueces, sino que se encarguen integralmente del sistema de impartición de justicia.

Que lo dirija el presidente de la República sirve para relievar la trascendencia del encargo. Que lo conformen jueces es esencial, nadie más sensible a las carencias y perspectivas de la Judicatura que un juez. Finalmente, que un solo órgano recoja información y diseñe un plan para todo el sistema constituye el núcleo duro de una reforma.

El CNM anterior jamás postuló otro sistema judicial, ni una propuesta para la formación de cuadros nuevos o de capacitación de los nombrados. Solo nombró, ascendió y sancionó. Con eso le bastó para copar el Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema. La reforma judicial quedó así en el aire, en manos de muchos (la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, etc.), que es lo mismo que decir en manos de nadie. Por eso el sistema fue, es y sigue siendo disfuncional y caótico, con el agravante de que el CNM estuvo a un tris de convertirlo en una organización criminal.

Al anunciarse una reforma judicial, imaginamos una JNJ con una visión holística del sistema, que promueva comisiones que recojan información sobre el número de procedimientos, tipo de procesos y de pretensiones, cantidad de expedientes que tramita un juez por ciudad, departamento y región, número de auxiliares, etc. Solo conociendo el detalle de la crisis se puede enfrentarla.

El proyecto, desgraciadamente, no contiene ninguna de las funciones trascendentes que un CM debe tener. No hay una concepción integral de reforma del sistema y de la independencia judicial, razón de ser de los CM. Tampoco incorpora jueces a su conformación, aunque a estos no parece importarles mucho su marginación. El proyecto es la ley derogada con cambios cosméticos.

Hay dos asuntos esenciales por resolver en materia judicial. El primero es urgente y consiste en revisar (anular nombramientos, sancionar iniquidades, etc.) todo lo hecho por el CNM en los últimos años. El segundo es la reforma integral del sistema de justicia. El proyecto no resuelve ninguno de los dos, por lo menos en esto es impecable. Desecharlo y cumplir por ahora con lo urgente sería una buena decisión. Solo exige tener el valor de reconocer su inutilidad.