"La experiencia de los países de nuestra región demuestra que la crítica de los actos de Gobierno se convierte, y aun viniendo desde sectores interesados, en el principal controlador de ellos".(Ilustración: Giovanni Tazza)
"La experiencia de los países de nuestra región demuestra que la crítica de los actos de Gobierno se convierte, y aun viniendo desde sectores interesados, en el principal controlador de ellos".(Ilustración: Giovanni Tazza)
Eduardo Bertoni

Hace ya muchos años, el jurista Alberto Binder escribió una frase que tiene vigencia en nuestra región, cuando dijo que “todo estado democrático es sustentado por la crítica política; a su vez, todo Gobierno se siente amenazado por ella. Bajo este conflicto subyace una de las tensiones fundamentales de la vida política, que traza el límite tras el cual comienza el autoritarismo”. Thomas Jefferson advirtió antes de ser presidente de los Estados Unidos que, si tenía que decidir entre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin un Gobierno, “no titubearía ni un solo momento en preferir esto último”. Sin embargo, años después y al verse criticado por la cuando ya era presidente, escribió que había “meditado largamente en que unos cuantos procesos a los ofensores más prominentes tendrían efecto saludable para restaurar la integridad de la prensa”. El cambio de discurso demuestra que muchas de las actitudes que aún hoy toman los gobernantes no son, desgraciadamente, novedosas, y el riesgo de cruzar hacia el autoritarismo es, por ello, permanente.

La crítica a los gobernantes sigue siendo reflejada por los medios de prensa a pesar de que las redes sociales han aumentado la posibilidad de darla a conocer. Pero, a no dudarlo, esa actitud de los medios de comunicación independientes ha contribuido, históricamente, al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad democrática. No obstante, hoy, en varios países como el Perú, pareciera que esta función de “perro guardián” de la democracia que se le adjudica a la prensa se pone en duda.

La importancia de la y la libertad de prensa ha sido destacada en innumerables ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en 1985, en una Opinión Consultiva, el máximo tribunal interamericano expresó que “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento”. Al condenar en el 2001 al Estado Peruano, la Corte destacó “el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones”.

En un caso del 2009 en el que se condenó a Panamá, sentenció que “la libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa”. En una decisión contra Colombia, expuso que la libertad de expresión garantiza la difusión de información o ideas, incluso “las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”. En una sentencia del 2011, al condenar a Argentina, dijo que “los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática”. En otro caso contra Colombia, expresó en el 2012 que “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

No se me escapa que, en la sociedad moderna, la crítica política se realiza por medios de comunicación masiva constituidos muchas veces en verdaderas empresas, a veces multinacionales, y que pueden tener como objetivo defender intereses alejados a los que propenden el bien común. Tampoco ello se le escapó a la Corte Interamericana, dado que, por ejemplo, sostuvo que “resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos”.

Sin embargo, la experiencia de los países de nuestra región demuestra que la crítica de los actos de Gobierno se convierte, y aun viniendo desde sectores interesados, en el principal controlador de ellos. Y es posiblemente por ello que, como vimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido tantas veces de la manera que lo hizo, poniendo en un pedestal muy alto a la libertad de prensa y a la actividad periodística.

Podrá algún lector o lectora que haya llegado hasta aquí decirme “pero Bertoni, ¡en su nota no hay nada nuevo bajo el sol!”. Es así, pero, siguiendo lo que se le adjudica al escritor Ambrose Bierce, “no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos”. Me permito reflexionar sobre la razón de quienes hoy en el Perú dudan sobre la importancia de defender la libertad de prensa según los estándares internacionales. ¿Será que no los conocen o, peor aún, piensan que no deben tenerse en cuenta? En cualquiera de los dos casos, si esa duda se confirmara negativamente, el país correrá el riesgo de retroceder 20 años y volver a ser condenado por la Corte IDH por violación a la libertad de expresión, tal y como ya ocurrió a consecuencia de acciones provenientes del autoritarismo de Alberto Fujimori.