¿Usted le cree a Petro-Perú?, por Franco Giuffra

Petro-Perú sigue dando tumbos. Cambiaron sus directivos, se relanzaron sus planes, pero las cosas no mejoran. La credibilidad de la empresa está por los suelos. El gobierno mismo no tiene confianza en sus administradores. 

Para ilustrar estas afirmaciones, repasemos la historia reciente de la más grande empresa peruana. Como se recordará, en diciembre del 2013 se publicó una ley que autorizaba el proyecto de la refinería de Talara. Además, se otorgaba un plazo de 270 días para que Petro-Perú contratara una consultora internacional y presentara un plan de reorganización integral y de saneamiento financiero, legal y operativo. Se autorizó también la venta de hasta el 49% de sus acciones.

Pasaron dos meses y se produjeron los derrames de Cunirico, en Loreto. Se habló en ese momento de grave negligencia por falta de mantenimiento del oleoducto. El Osinergmin dijo que el tubo tenía serios problemas de oxidación. Se precisó que la empresa no se había adecuado a las normas de seguridad establecidas siete años antes, en el 2007 (Decreto Supremo 0081-2007-EM). Eleodoro Mayorga declaró que el directorio de entonces no había tratado el tema del derrame y sus causas “con la transparencia del caso”. 

Entra en escena la nueva ministra, Rosa María Ortiz Ríos. A los pocos meses revela que la gerencia de la empresa ha estado suministrando información equivocada al directorio para que tome decisiones inadecuadas. Sobre el avance del proyecto Talara, dice que no le cree nada a los informes de Petro-Perú.

‘Fast forward’ a enero del 2016. Unos 2.000 barriles se derraman del oleoducto en la zona del río Chiriaco, en la provincia de Bagua. Una semana después, otros 1.000 barriles se salen en la zona del río Morona, en Loreto.

Sobre Chiriaco, el presidente de la empresa habla de un desplazamiento de la montaña y dice que la cosa está controlada. Un periodista le muestra imágenes del río contaminado, contradiciendo su versión. Sobre Morona, el mismo señor especula con la idea de que un rayo pudo causar una fisura en el tubo.

Ahora es el ministro del Ambiente, Javier Pulgar Vidal, el que no le cree. “Me parece absurdo que el presidente de Petro-Perú diga que cayó un rayo”. Lo mismo piensa del relato de que todo está controlado.

En sus notas de prensa, la empresa repite que el oleoducto está adecuadamente mantenido. No es lo que piensan el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Osinergmin y el Ministerio del Ambiente. No le creen a la petrolera.

Por cierto, Petro-Perú nunca cumplió con la ley del 2013. Ni consultoría, ni saneamiento, ni venta de acciones. De cualquier modo, es poco probable que surjan compradores para este pesado fardo. El cuento de la participación privada será otra historia sin credibilidad. 

Ahora estamos en un punto donde el asunto de la venta de acciones es irrelevante. La discusión hay que centrarla en otra cosa: si es verdad que ese oleoducto está enfermo, el riesgo ambiental es formidable. ¿Tiene la petrolera estatal cómo acreditar que esa obra está en buenas condiciones? Son 1.100 kilómetros de tuberías montadas con estándares de seguridad del American Petroleum Institute de 1973.

Considerando cómo funciona una empresa pública y la ausencia de incentivos para que sus administradores preserven sus activos, es perfectamente posible que el Perú esté gastando US$3.500 millones en Talara mientras las tuberías de petróleo de la Amazonía tienen un riesgo no determinado ni controlado de reventar.