Lesiones graves: el problema es otro, por Gonzalo del Río

En estos días la discusión en relación con la tipificación al delito de lesiones ha sido bastante intensa. La principal crítica al sistema se da en el marco de los 30 días que prescribe el Código Penal para considerar grave una lesión, sobre todo en el caso de violencia de género. 

Para calificar el carácter de una lesión es necesario un examen médico que establezca cuántos días de descanso o asistencia médica requiere. Si no establece más de diez días, estamos ante una falta. Si requiere entre 11 y 29 días, es una lesión leve. Si requiere 30 días de asistencia o descanso, o más, califica como una lesión grave. 

¿Qué significa esto? De acuerdo con lo que disponga el examen médico, la pena para cada supuesto es totalmente distinta e incide en la posibilidad de que el agresor ingrese a prisión. Si bien la discusión es incompleta (es necesario también evaluar los criterios que recoge el Código Penal referidos a violencia de género, menores de edad, autoridades públicas, etc.), es legítimo aceptar que el criterio de 30 días es central para la calificación de la conducta. 

El pedido –usual en tiempos en los que se está ante un caso específico y mediático que se considera injusto– es que se modifique la ley. Los 30 días son vistos como un concepto demasiado formal y arbitrario. En mi opinión, esta crítica debe ser analizada con cuidado. La última modificación a la regulación de los delitos de lesiones se produjo en el 2015, no a inicios de la República. Solicitar la modificación exige algo más que un clamor popular, exige una propuesta. 

El problema para definir qué es una lesión grave radica en que es imposible regular en una norma un catálogo interminable de lesiones que siempre estará incompleto. Esto obliga a acudir a un criterio temporal. Disminuir el tiempo de asistencia o descanso médico, por ensayar un ejemplo, a 20 días plantea un problema ciertamente circular: mañana existirá un caso que requiera 19 días de descanso que nos dejará la misma sensación de injusticia que los casos expuestos en la prensa en los últimos días. Atribuir al juez o a un médico legista carta blanca y absoluta discrecionalidad para definir el carácter grave de una lesión, caso por caso, es un criterio que ofrece mucho mayor espacio para la arbitrariedad y muchos más perjuicios que beneficios. 

Aquella frase de “si las leyes en el Perú fueran como en Suiza” es ciertamente un mito difícil de digerir para quien analiza el problema de la violencia social, sin apasionamiento. Vivimos en un país donde la tendencia, siempre, es la de cuestionar la ley, que sin duda puede mejorarse. Pero el problema no está en la ley. El problema sigue siendo una justicia lenta, de una tendencia jurisprudencial a la simplificación de casos que son mucho más complejos. De un sistema de justicia que no comunica, que insiste en resoluciones judiciales que la gente no entiende, ni puede entender. De una sociedad violenta, de un hacinamiento carcelario que no permite un debido control social, ni una resocialización adecuada. El problema es el machismo en los medios de comunicación, la homofobia, la violencia familiar, la violencia de género. El problema es otro, el problema somos nosotros.