La locuaz demagogia congresal, por María Isabel León

Una nueva idea ha iluminado al congresista Emiliano Apaza, quien, con inusitada generosidad y el respaldo de otros miembros de la bancada de Gana Perú, ha presentado el proyecto de ley 4706/2015-CR. Esta iniciativa busca otorgar descuentos en instituciones de educación superior pública y privada a licenciados de las Fuerzas Armadas y tiene como fin hacer más atractivo el servicio militar. 

Para ello, el proyecto propone modificar y ampliar el artículo 61 de la Ley del Servicio Militar (Ley 29248) y, entre otras cosas, establecer un descuento de hasta 20% en las tarifas de pago por derechos de inscripción, ingreso y pensiones de las instituciones de educación superior privadas.

El tema es interesante, porque demuestra cómo un ciudadano elegido por el pueblo para ejecutar labores legislativas a favor del crecimiento y desarrollo del país se vuelve –hacia el final de su mandato– generoso con billetera ajena, interfiriendo en la vida y presupuesto del sector privado. Lo curioso es que la ley actual ya establece que los licenciados de las Fuerzas Armadas puedan acceder a descuentos en centros de educación superior privados, pero los limita –como es natural– a aquellos que libre y voluntariamente hayan suscrito un convenio para tal fin con el Ministerio de Defensa. 

Lo novedoso, entonces, es que –ya sea con convenio o no–, con este peculiar proyecto de ley todos quienes ofrezcan educación superior privada tendrían la obligación de aplicar el descuento propuesto en el Congreso.

El tema merece una reflexión profunda, al margen del aprecio que uno pueda tener por los jóvenes que realizan el servicio militar y para quienes se ofrecen voluntariamente descuentos en diversos servicios educativos. Es tarea del Estado generar una distribución de recursos que permita el desarrollo y bienestar general de la población –con cargo a los contribuyentes–, y hacer que la infraestructura y los servicios públicos (luz, agua, desagüe, transporte, etc.) puedan ser masificados y beneficien a todos por igual. 

En ese sentido, el Estado debe actuar como promotor y no interventor de la inversión privada –como claramente sucede con esta propuesta–. Lo contrario sería abrir la puerta para que, a través de futuras intervenciones estatales, se fije como obligatorio que empresas privadas de salud, por ejemplo, deban reducir sus tarifas de atención a favor de tal o cual población, o que las empresas que ofrecen alimentos, vestimenta o vivienda también deban ofrecer descuentos obligatorios a unos ciudadanos en desmedro de otros. 

Nos preguntamos hasta cuándo se pensará que el servicio educativo privado es un botín perfecto para la locuaz demagogia congresal. Pareciera que no les basta con haber aprobado una excéntrica ley que permite arbitraria y masivamente la morosidad en el pago de la educación superior, pues –sin duda– algunos representantes en el Parlamento quieren más.