Derechos impostergables, por Marina Navarro

En este segundo año de gobierno de Martín Vizcarra, recordamos que la agenda de derechos humanos en nuestro país es amplia y compleja. Sin embargo, hay problemas que merecen ser atendidos con carácter de urgencia, como los lentos avances hacia la igualdad de género, los graves problemas de salud que enfrentan poblaciones indígenas contaminadas con metales tóxicos, y la situación de las personas venezolanas en nuestro país.

En su mensaje por Fiestas Patrias del 2018, el presidente Martín Vizcarra reconoció que entre las principales causas de la violencia hacia las mujeres estaba la falta de enfoque de género en las políticas públicas y la existencia de patrones arraigados en el machismo. Si bien saludamos que se hayan desestimado intentos de grupos antiderechos por eliminar el enfoque de género del currículo básico escolar, ante la arremetida de grupos que buscan eliminar la palabra ‘género’ de toda política pública, Amnistía Internacional invoca a las autoridades a mantenerse firmes, a fin de garantizar una educación con igualdad, basada en el respeto y la tolerancia.

Recordemos que el enfoque de género es una herramienta para garantizar varios derechos: el derecho a la vida ante el gran número de feminicidios, el derecho a la igualdad ante las brechas salariales, el derecho a la no discriminación ante el ‘bullying’ homofóbico en las escuelas. Por ello, no puede ser un tema de debate y se debe implementar de manera amplia e inmediata.

De otro lado, los derechos de los pueblos indígenas continúan sin ser respetados. En los últimos años se ha documentado cómo un gran número de comunidades indígenas y campesinas que viven en entornos extractivistas enfrentan graves problemas de salud por contaminación por metales tóxicos. Esta situación afecta gravemente su salud y puede ocasionar problemas en el sistema nervioso, enfermedades crónicas, abortos y otras afectaciones. Amnistía Internacional ha documentado los casos de Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco), sin que haya una respuesta adecuada de las autoridades de salud.

Determinar las causas de contaminación de las fuentes de agua es tan importante como atender de urgencia la salud de las personas que hasta el momento no pueden acceder a fuentes de agua segura. En esa línea, las autoridades nacionales, regionales y locales deben implementar planes de emergencia sanitaria en las zonas afectadas.

Finalmente, el mes pasado (el 15 de junio), el Gobierno decidió pedir pasaporte y visa humanitaria a los venezolanos que quieran ingresar al país, para “ordenar” la migración, desconociendo la situación de violación masiva de los derechos humanos que se vive en Venezuela y el derecho de todas las personas que huyen de esta situación a tener protección internacional. Así, el Gobierno se alejó de una posición que podía ser considerada ejemplar, liderando el Grupo de Lima, y acogiendo con solidaridad a los venezolanos que llegaban al Perú.

En Amnistía Internacional somos conscientes de que esta situación no es fácil para el Perú, que ha recibido en los últimos tres años a más de 800 mil personas que huyen de Venezuela; sin embargo, una grave crisis de derechos humanos como la que está atravesando ese país no puede abordarse con una política de cierrapuertas. Ordenar la casa es importante, pero ello no significa legislar de espaldas a fronteras que se llenan de personas que huyen para salvar sus vidas y buscan una oportunidad. Su integración social y económica, la cual pasa por regularizar su estadía, así como planificar los servicios de salud y educación, es imperativa.

Es importante entender que los refugiados, que salen de Siria, de Venezuela u otro país en crisis o conflicto, no huyen porque quieren vivir en un país más bonito. Huyen porque no tienen otra opción. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Además de respetar los acuerdos internacionales y proteger a quienes lo requieran, es fundamental dejar los discursos xenófobos y trabajar en favor de la integración.

El actual contexto político y económico del país es complejo, pero ello no puede ser una justificación para que el Gobierno renuncie a su rol de garantizar los derechos humanos de todas las personas.