(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Alfredo Thorne

Exministro de Economía y Finanzas

athorne@comercio.com.pe

Hoy es el conflicto minero de Las Bambas, antes fueron Conga y Tía María. No hay duda de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está haciendo lo mejor para desactivar el conflicto. Pero uno se pregunta si estas respuestas van a generar la paz social que necesitamos para que la minería siga siendo un motor de crecimiento. Necesitamos una solución más estructural que sea preventiva y no reactiva como ha sido hasta ahora.

Los conflictos mineros han sido muy estudiados. Un ejemplo son los estudios de Carlos Casas y otros autores, que deberían ser de lectura obligatoria para nuestros negociadores. Entre otras conclusiones, encuentran que la distribución de los beneficios futuros de la minería es la base de los conflictos; que estos no surgen al inicio del proyecto, sino durante su etapa productiva; que el incumplimiento de los acuerdos entre las mineras y los comuneros los desata; y, ¡oh, sorpresa!, que el canon, sobrecanon y regalías o la mayor presencia del Estado están correlacionados con mayores conflictos.

Pese a los beneficios de la minería, la evidencia indica que los conflictos han aumentado, en parte debido a nuestro Estado disfuncional. Es necesario avanzar en una discusión más profunda de cómo sentar las bases de un nuevo acuerdo social que nos permita beneficiarnos de nuestra riqueza natural y asegurarnos que los beneficios lleguen a las comunidades y al resto del país.

Uno de los temas centrales es el de los derechos de propiedad, levantado por Hernando de Soto, que pienso que está a la raíz del tema distributivo. En mi opinión, cambiar la Constitución y otorgarles los derechos de la superficie y subsuelo a los comuneros, como propone De Soto, agudizaría el problema distributivo y social. Solo los comuneros, que por el azar de la historia, ostentan la propiedad donde existe riqueza mineral, se beneficiarían y el resto permanecería en la pobreza. El hecho de que nuestra Constitución divida ambas propiedades es una oportunidad que hay que aprovechar, pues le permite al Estado diseñar mecanismos distributivos que amplifiquen los beneficios de la minería.

El argumento de De Soto cobra gran relevancia cuando habla de la diferencia que existe entre la calidad de los derechos de propiedad de la superficie y los del subsuelo. Según información de Registros Públicos, menos del 40% de la propiedad comunal está registrada y su registro es de menor calidad que el del subsuelo, que usualmente está protegido por tratados internacionales. Esto restringe el poder de negociación del comunero; sin embargo, más importante es la ausencia del registro de propiedad, que le impide al comunero hacer un usufructo como cualquier otro propietario. Bien sabemos que la semilla del capitalismo es esa capacidad de comprar, vender o enajenar nuestros derechos de propiedad y convertirlos en capital. Esos derechos deben ser extensivos a las comunidades.

La desincronización entre el momento en que se da la inversión en la mina y cuando llegan los beneficios a las comunidades es otro problema. Nosotros, en la campaña electoral, propusimos el fondo de adelanto social, que le permitiría al gobierno realizar todas las obras que benefician a las comunidades al momento en que se realice la inversión. No sería muy difícil para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), adelantar dicho fondo por cada proyecto e identificar con exactitud las obras y fechas en que se vayan a realizar. También es necesario redefinir la ley de canon hacia el objetivo de compensar a las comunidades por las externalidades de la minería.

Tampoco es permisible culpar a las municipalidades o gobiernos regionales de la subejecución de los recursos. La normativa para la ejecución de proyectos es cada vez más compleja y ya hemos comentado en una entrega anterior lo engorroso que es el nuevo reglamento de Invierte.pe, que de facto nos regresa al antiguo SNIP. El MEF tendrá que diseñar nuevos instrumentos que permitan mejorar la ejecución presupuestal. Una posibilidad es involucrar a las universidades, que hoy cuentan con excelentes departamentos de gestión pública para que entrenen a los servidores públicos o ayuden a los gobiernos locales en la ejecución.

Finalmente, está el tema más complicado, que tiene que ver con la descentralización. Son pocas las municipalidades que tienen una visión territorial de mediano plazo que atienda con los recursos disponibles las necesidades de sus poblaciones y las comunidades. La falta de capacidad de gestión es tan alta y mucho tiene que ver con la falta de un presupuesto multianual que les permita a los gobiernos regionales formular y ejecutar adecuadamente sus obras.

En el pasado se respondió con la consulta previa y los estudios de impacto ambiental pero poco han logrado reducir los conflictos mineros. De no lograr un acuerdo que nos permita seguir beneficiándonos de la riqueza minera y lograr una distribución más equitativa, vamos a hacer cada vez más cierta aquella frase de don Antonio Raimondi: “el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”.