(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Percy Castillo

La ha identificado situaciones que afectan a los que han migrado al Perú como consecuencia de la grave crisis. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, han ingresado a territorio peruano alrededor de 300 mil venezolanos. Desde enero del 2017 hasta el 18 de abril del 2018 ingresaron casi 60 mil menores, de los cuales se habrían quedado alrededor de 26.500. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido cerca de 34 mil solicitudes de refugio.

El Estado debe implementar medidas que permitan atender sus necesidades más urgentes, prestando especial atención a los niños migrantes. Así lo ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU.

Esta obligación requiere una adecuada articulación intersectorial por parte de las diversas entidades del Estado. Por ejemplo, en temas de salud. Si un extranjero requiere ser incorporado al SIS, debe presentar un carnet de extranjería. De no contar con dicho documento, no será posible su afiliación. Esto porque el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud no se encuentra adecuado a lo dispuesto por el D.L. 1350, norma que permite que las autoridades migratorias expidan documentos de identidad a ciudadanos extranjeros.

Hemos remitido oficios a la Gerencia de Seguros y Prestaciones de Essalud y al SIS para recomendarles que reconozcan la validez del carnet de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), para dar paso a la afiliación. La limitación de acceso al seguro coloca en serio riesgo su vida e integridad.

En educación, el ministerio no incluyó los carnets de solicitante de refugio ni el PTP como documentos válidos para la matrícula escolar, lo cual puede generar una limitación al acceso a la educación. Es cierto que la normativa educativa señala que no contar con los documentos requeridos no es impedimento para matricular a los menores de edad con cargo a posterior regularización, pero resulta contradictorio que algunas instituciones estatales emitan documentos a personas extranjeras que en la práctica carecen de valor debido a la falta de coordinación entre los diversos sectores del Estado.

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), un significativo número de venezolanos que migran requiere protección internacional, por lo que exhortó a los estados a adoptar mecanismos adecuados de protección internacional. El Perú ha facilitado la regularización migratoria de esta población, autorizándola a realizar actividades laborales. Sin embargo, como se ha advertido, estas medidas no son aún suficientes. Se requiere, por ende, agotar esfuerzos para mejorar la protección social que en la actualidad se viene brindando, siendo ello especialmente necesario para los niños, niñas y adolescentes.