Modernizando el Estado desde adentro, por Flavio Ausejo

La modernización del Estado peruano es un tema pendiente sobre el que viene discutiéndose desde hace décadas. Los avances ocurridos desde los años noventa se han centrado en mejorar la forma en la que las entidades públicas administran los recursos de los que disponen: el presupuesto y el personal. 

Lo cierto es que el éxito ha sido parcial pues, aunque el manejo macroeconómico ha sido pertinente, el desempeño de la prestación de servicios a los ciudadanos ha sido insuficiente para el nivel de expectativa. La propuesta de la gestión entrante es lograr un Estado moderno y descentralizado, basado en una gestión eficiente, transparente y participativa que brinde servicios de calidad. En esa línea, el reto está en afianzar el liderazgo y la coordinación, la planificación estratégica y priorización de proyectos articulados con el presupuesto, y la simplificación de trámites y mejoras tecnológicas para una mejor atención al ciudadano. 

La actual administración ha profundizado las mejoras introducidas por las previas, desde Fujimori hasta García, en particular en lo referido a la forma en la que el Estado planifica, asigna recursos del tesoro, hace compras, realiza inversiones, recluta personal y controla sus actos. Los cambios introducidos han ayudado a mejorar el desempeño del Estado, haciendo que la prestación de servicios básicos como salud y educación pueda ampliar su cobertura y calidad, pese a que aún hay muchos aspectos por mejorar. Sin embargo, no ha habido mayores avances en la prestación de los servicios de agua y desagüe (con EPS no sostenibles) y vivienda (con una informalidad extendida). Los anuncios del nuevo gobierno son una señal muy positiva, pues existe la intención de consolidar los avances y cerrar las brechas en estos campos para mejorar la atención al ciudadano. 

El desafío es lograr que los sistemas administrativos permitan que las entidades públicas tengan un mejor desempeño, y es que los cambios realizados hasta el momento han sido pensados de forma unilateral, concentrados en mejorar los sistemas administrativos en sí mismos pero no en mejorar la forma en la que interactúan entre sí. En efecto, una entidad pública presta servicios a partir de la adecuada interacción de los sistemas de planeamiento, presupuesto, compras, inversiones y contrataciones, entre otros. La posibilidad de tramitar el duplicado de DNI por vía electrónica y recogerlo en el local que uno selecciona o la posibilidad de tramitar y recibir el brevete el mismo día, es factible a partir de la adecuada interacción de los sistemas administrativos del Reniec y del MTC. Hacer que los sistemas administrativos funcionen de forma integrada y orientados a mejorar los servicios al ciudadano es un tema de voluntad política, y el desafío es convertirlo en inercia burocrática. La responsabilidad de construir un modelo que haga posible la interacción entre los sistemas administrativos que permitan a las entidades públicas funcionar corresponde al Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

La modernización del Estado, entonces, implica elaborar reglas que permitan a los sistemas administrativos operar de forma conjunta, es decir, que las reglas para la planificación estén armonizadas con las de presupuesto, que a su vez lo estén con las de compras e inversiones y estas últimas con las de control. Asimismo, se necesita que los servidores públicos responsables de los aspectos administrativos tengan una mirada sistémica y holística. 

Lo anterior es necesario para agilizar la acción de las entidades pero insuficiente para lograr que el Estado pueda atender las expectativas ciudadanas, debido a que los servicios del Estado requieren de la acción coordinada entre entidades públicas de forma simultánea y en el mismo lugar. En la actualidad, la capacidad del Estado para hacer funcionar sus distintos órganos de manera colaborativa es muy limitada y ocurre a partir de situaciones particulares y circunstanciales. Existen esfuerzos interesantes, como la articulación en el marco de la inclusión social a cargo del Midis o la intervención en el Vraem a partir de una acción multisectorial del Estado a cargo de la Secretaría Técnica del Codevraem. Además, no necesariamente la voluntad política al más alto nivel asegura una acción coordinada –como lo demuestra la intervención frente al tema de la seguridad ciudadana–. En consecuencia, uno de los desafíos más importantes para la próxima administración será el de diseñar y aplicar reglas que hagan efectivo el trabajo coordinado entre las organizaciones públicas y entre los distintos niveles de gobierno y que estas reglas funcionen de forma inercial y no solo en casos excepcionales o con motivaciones puntuales. 

Estos cambios deben desarrollarse a nivel conceptual, práctico y concreto. En consecuencia, deben diseñarse los mecanismos para transformar las ideas y las reglas en formas concretas de interacción entre las entidades. Un período de gobierno sin duda es insuficiente para impactar en todo el Estado, pero sí alcanzará para construir la visión e iniciar la puesta en marcha de reformas en temas prioritarios para el gobierno y que atiendan las principales demandas de los ciudadanos. 

La responsabilidad está en varios niveles, pero principalmente en el alto gobierno, que debe dar el impulso y mantenerlo a lo largo de los próximos 5 años.