La ley Maduro, por Mercedes Araoz

En democracia, los encargados de la gestión pública tenemos la obligación de informar a los ciudadanos cómo estamos administrando los recursos públicos. Como contrapartida, la población tiene el derecho de conocer las acciones de gobierno y a estar informada de las medidas que la afectan. La mejor manera de comunicar todo esto es a través de los medios masivos. Los de mayor alcance son las cadenas de radio y televisión abierta y los diarios de circulación nacional. Son empresas privadas que cobran por este servicio, por eso el Estado tiene que invertir comprando sus espacios si quiere comunicación efectiva. La cobertura periodística no es suficiente.

La llamada ley Mulder, que prohíbe la inversión en comunicación gubernamental salvo dos excepciones (emergencias nacionales y desastres naturales; y educación electoral), se basa en argumentos falaces: 1) el gobierno utiliza los recursos públicos para subsidiar a la prensa “mermelera” a cambio de torcer su línea editorial; 2) se puede comunicar eficientemente las acciones de gobierno utilizando solamente las redes sociales y los medios estatales.

Estas dos premisas no resisten el menor análisis: 1) Los funcionarios estamos acotados por las leyes tanto de publicidad pública como la de presupuesto. Así, la PCM, por ejemplo, está obligada a reportar trimestralmente al Congreso sobre gastos en publicidad. Los últimos reportes demuestran que este gasto se hace respetando los criterios técnicos que exige la ley vigente (sintonía, alcance de los medios y público objetivo). A los medios más críticos al gobierno se les está asignando mayor inversión publicitaria porque son los que tienen mayor audiencia. Tampoco es cierto que los medios comerciales vivan solo del cliente Estado, pues la inversión publicitaria del Gobierno Central es el 10% de toda la torta publicitaria.

2) Los medios tradicionales siguen siendo los medios masivos por excelencia. Actualmente, una parte de los usuarios los consume en plataformas digitales, mediante dispositivos móviles (periódicos online, radio y televisión en streaming). Esta realidad acaba de ser ratificada por el último estudio de Ipsos que concluye que las principales fuentes de información para los peruanos son la TV (54%), los diarios en papel o web (13%) y la radio (12%). No sé sobre qué evidencia el ex periodista y reelecto congresista Mulder asegura categóricamente que los medios masivos están en proceso de desaparecer para ser reemplazados por las redes sociales. Las redes son plataformas digitales usadas predominantemente para hacer vida social virtual. No son medios noticiosos propiamente y, si circula información de interés público, proviene de los medios tradicionales que son los de mayor credibilidad. Por otro lado, la brecha digital en el Perú es todavía muy alta: el 47% de los peruanos no tiene acceso a Internet regularmente y entre los más pobres (NSE D/E) la brecha es abismal, apenas el 2,1% se conecta al ciberespacio. Twitter es una red social que es usada solo por el 16% de todos los peruanos. Además, los principales beneficiarios de los programas sociales no tienen acceso a servicios de electricidad ni Internet.

Nuestra preocupación técnica frente a esta iniciativa legislativa es porque no podríamos comunicar efectivamente campañas de prevención para evitar, por ejemplo, violencia de género, muertes en temporada de friajes, vacunaciones, bloqueo de celulares robados, o informar sobre las obras de reconstrucción a las poblaciones afectadas, invertir en la marca Perú para captar más turistas del exterior, o campañas de promoción del turismo interno, entre otras cosas. Por otro lado, los medios estatales, como el diario “El Peruano” o la agencia Andina, que son autosostenibles, quebrarían porque esta ley los obligaría a recibir la publicidad estatal a precio de costo. Al privilegiar el monopolio público de la comunicación estatal, que denota un tufo autoritario al estilo de Nicolás Maduro, se afectaría la calidad de la información periodística porque los medios reducirían su inversión en cobertura periodística o su planilla de periodistas. La norma también tiene contradicciones, como privilegiar el uso de plataformas transnacionales de redes sociales como Twitter o Facebook, a quienes tendríamos que pagar si queremos potenciar nuestros anuncios. Abrir cuentas puede ser gratuito, pero no la publicidad.

Así, sin tener un solo argumento técnico que la sustente –eso quedó clarísimo en su exposición–, la ley Mulder ha sido aprobada a una velocidad inusitada, exonerándola de la segunda votación en la Comisión Permanente y enviando la autógrafa en tiempo récord. Una norma que tiene tantos efectos en la población debió ser debatida en el pleno por ser más plural. No tengo claridad de por qué no fue así, quizá se trate de una medida política inspirada en un deseo de venganza contra los medios por parte de aquellos que no aceptan la investigación o la crítica de la prensa independiente. A veces, algunas críticas tampoco me gustan o las considero injustas, pero prefiero la libertad de prensa y de opinión, pues son baluartes de la democracia. El compromiso de nuestro gobierno es con la libertad de expresión.

Es verdad que podemos optimizar la inversión en comunicación gubernamental, que necesitamos un reglamento de la Ley 28874 “Ley que regula la publicidad estatal” (que incorpore mecanismos válidos para medir la audiencia a nivel nacional y no solo en Lima; que redefina el costo real de las centrales de medios –empresas especializadas en elaborar la pauta publicitaria de los clientes de los medios tanto públicos como privados– que cobran un porcentaje elevado, lo que encarece las tarifas para el Estado; y perfeccionar los esquemas de compra y contratación para mejorar los costos), pero la solución no pasa por una norma al estilo del dictador Maduro. El mercado no se regula con una ley, lo ha demostrado la crisis humanitaria que vive Venezuela. La ley Mulder daña la democracia, debilita a la prensa y reduce el derecho de la ciudadanía a estar bien informada. Por ello, desde el Ejecutivo enviaremos nuestras observaciones al Congreso y esperamos que sean tomadas en cuenta y no lleguemos a una promulgación por insistencia, como algunos amenazan. Estoy segura de que en el Congreso, a pesar de nuestras diferencias, aún se preserva el valor de la democracia y la libertad.