Navegando entre dos aguas

PARA SUSCRIPTORES: El monopolio de las buenas intenciones, por Diego Macera

La reprogramación de deuda ya alcanza al 50% de los deudores financieros según la SBS, aprovechando regulaciones recientemente introducidas que apuntan a evitar un castigo indebido del valor de la cartera de créditos en los balances, añadiendo la flexibilidad suficiente para que se mantenga la calidad crediticia del mayor número posible de sujetos de crédito. A esto también ha contribuido el alto grado de solvencia del sector financiero gracias a un largo periodo de políticas monetarias y financieras cautelosas. La solvencia está vinculada a la diferencia de valor entre activos y pasivos (el capital), que debe ser el mayor posible para que los ahorristas tengan la convicción de que sus recursos están seguros. Si esta confianza se viera mermada, la tarea pendiente de expandir los servicios financieros a la población no bancarizada se vería postergada aún más.

Una característica propia de la confianza es que toma tiempo ganársela, pero se puede perder rápidamente. La intermediación financiera en el Perú, medida por el ratio entre el valor de los depósitos sobre el PBI anual, se duplicó en la década de los noventa gracias a la estabilidad macroeconómica, pero ha crecido solamente en un tercio en los últimos 20 años, con una aceleración importante en la última década. Volviendo a nuestra realidad de pandemia, el sector financiero poco a poco viene surcando aguas turbulentas, navegando entre el empeño de ayudar a sus deudores y la necesidad de preservar sus fortalezas. Cual Escila y Caribdis, esta doble amenaza pone en riesgo la confianza tanto de los deudores, quienes esperan las condiciones más favorables para reprogramar sus obligaciones, como de los depositantes, quienes esperan poder seguir fiándose de la solidez de las instituciones en la que mantienen sus activos.

En el Perú como en otros países, la prioridad está en proveer alivio financiero a familias y negocios, con el costo de una inevitable elevación del riesgo crediticio, que debe ser manejado de manera cautelosa, con criterios balanceados para evitar que alejarse de una amenaza lleve a otra. Iniciativas congresales para suspender pagos a rajatabla conllevan tal peligro. En primer lugar, esto podría causar, en el corto plazo, un deterioro del valor de los activos crediticios, especialmente los derivados de préstamos a familias y empresas a quienes les ha costado más acceder al crédito. Segundo, las empresas que han hecho mayores esfuerzos en extender el acceso a los servicios financieros a segmentos de la población antes no bancarizados serían las más castigadas, tanto por el deterioro de su cartera como por la menor posibilidad de recuperar los costos adicionales de penetrar este sector. En tercer lugar, el riesgo político creado por este precedente podría elevar los costos de intermediación en el futuro, al incorporarse el riesgo de que se pudieran introducir medidas con motivaciones menos justificables en el futuro. Finalmente, en el largo plazo, el incentivo a continuar expandiendo servicios a usuarios de menor ingreso y/o de regiones alejadas será mucho menor.

Aún en estos tiempos, la necesaria reprogramación de obligaciones financieras no puede dejar de tener en cuenta consideraciones de estabilidad. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) advierte que el aparentemente loable objetivo de tratar de proveer máximo alivio entraña riesgos considerables a la estabilidad financiera. Dada la incertidumbre, el proceso de reprogramación de pagos en marcha debe ser continuamente evaluado para que sus condiciones se vayan adaptando al proceso de reapertura económica, idealmente liberando recursos para atender a las unidades productivas afectadas por eventuales nuevas olas de choques a la economía. Evitar interferencias que comprometan el cauteloso transcurrir entre estas aguas movidas debe ser una prioridad.

(*)Los comentarios del autor no comprometen a la institución a la que pertenece.