¿Necesitamos al MIMP?, por Carlos Oliva

En las últimas semanas, ha empezado a llamar la atención pública la penosa realidad de la violencia que sufren muchas mujeres en el Perú y lo que hace (o no hace) el Estado para combatirla. Esto llama a la reflexión sobre cuál es la situación institucional del ente rector en materia de protección de poblaciones vulnerables.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se creó en el 2012 después de la escisión del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) que separa y asigna la función de desarrollo social y mitigación de la pobreza al entonces nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Así, se precisa más el foco de sus funciones en los derechos –y protección– de las mujeres y de aquellos grupos que por diversos motivos no pueden ejercerlos plenamente. Esta reforma se tradujo en un ministerio que aún tiene el reto de consolidar su institucionalidad. 

Se trata de un ministerio relativamente pequeño en términos presupuestarios, toda vez que maneja actualmente un 0,3% del presupuesto del gobierno nacional (unos 350 millones de soles al año), pero no por ello es menos importante. Sus responsabilidades son fácilmente identificadas pues poco menos de las dos terceras partes del presupuesto del MIMP se destina a cinco programas presupuestales.

Entre ellos, destacan dos programas que capturan el 56% del presupuesto del ministerio: la lucha contra la violencia familiar ejecutada por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y la atención de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono, a cargo del Inabif. Existe información disponible para analizar a fondo la estructura de estos programas y evaluar su racionalidad e impacto. En ambos casos, el MIMP es la única entidad del gobierno nacional que se dedica a estas actividades, por lo que se descartan duplicidades.

No obstante, aún existe casi un 20% del presupuesto del MIMP que no está vinculado a ningún programa, lo que se refleja en numerosas actividades que bien convendría ordenarlas y enfocarlas en la búsqueda de resultados claros para la ciudadanía. Asimismo, más de un 15% del presupuesto del MIMP se destina a acciones centrales de soporte a todo el ministerio. En este sentido, es posible destinar esfuerzos para analizar con profundidad ambos rubros en la búsqueda de una mayor eficiencia del gasto. 

Lo preocupante en términos institucionales surge cuando se realiza un análisis por genérica de gasto (criterio con el que se divide el presupuesto en el Portal de Transparencia Económica), el cual revela que el 45% del presupuesto se destina a Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Si bien es entendible que la naturaleza de las funciones del MIMP sean intensivas en servicios profesionales, el hecho de que la mayor parte del personal esté con contratos de un año como máximo y con beneficios recortados, definitivamente atenta contra la consolidación institucional. 

La rápida incorporación del MIMP a la nueva Ley del Servicio Civil es entonces un reto inmediato. Hacerlo significará no solo consolidar una organización del personal mucho más estable, sino que implica una revisión profunda de los procesos que permitirá simplificarlos y hacerlos más efectivos. Así, el MIMP podrá tener aquellos servidores que cuenten con el perfil apropiado y alineados a objetivos y metas transparentes.

En resumen, estamos hablando de un ministerio con presupuesto limitado pero con funciones claramente establecidas y necesarias en un país con aún grandes desigualdades donde coexisten grupos a los que se les vulneran sus derechos fundamentales. Una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de estos servicios es posible mediante la revisión de sus procesos y la incorporación de personal a un régimen del servicio civil que retenga a sus recursos humanos más calificados. Sí necesitamos al MIMP, pero a un mejor MIM.