"Más allá de esta reflexión, no perdamos de vista que la vigencia de nuestra de democracia y las elecciones mismas están en juego". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Más allá de esta reflexión, no perdamos de vista que la vigencia de nuestra de democracia y las elecciones mismas están en juego". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Paula Muñoz

Politóloga y profesora de la Universidad del Pacífico

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La inesperada, desconcertante e ilegítima decisión del Congreso de vacar a Vizcarra por incapacidad moral permanente con elecciones convocadas, una gravísima crisis sanitaria y económica y una mayoría aplastante de la opinión pública en contra, tendrá sin duda un impacto en el proceso electoral. Si sumamos los actos descarados de intromisión de intereses particulares y corruptos y el atropello institucional y de derechos fundamentales de los primeros días de gobierno, que atizan la indignación ciudadana, queda claro que se introducirá una división política nueva e importante en las elecciones.

Este nuevo episodio del melodrama sin fin de la crisis de representación peruana visibiliza y re-significa una posición institucionalista y reformista diversa. Sin duda, la exigencia del respeto de la institucionalidad democrática y los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a la protesta pacífica, concitan hoy una preocupación mayoritaria entre los ciudadanos indignados. Pero la agenda va más allá de este tema de alta carga simbólica por los precedentes de los noventa.

¿Cuál es esta agenda? Existe una preocupación creciente de la ciudadanía por la amenaza de que grupos de interés que sustentan la coalición gobiernista interrumpan procesos en curso. Primero, la reforma universitaria y el funcionamiento de la Sunedu, poniendo en riesgo asegurar estándares mínimos de calidad en la educación superior. También la reforma de la justicia y la lucha anticorrupción, entorpeciendo las investigaciones de los grandes casos de corrupción como Lava Jato, Cuellos Blancos y Club de la Construcción para asegurar impunidad. O la necesidad de fortalecer el Tribunal Constitucional para que sea un órgano garante independiente, conformado por profesionales probos y capaces. También existe una preocupación por la canibalización y repartija clientelar del presupuesto público. Estos temas creo que se suman a otros de reforma social ya visibilizados por la pandemia, como las inequidades de los sistemas de salud y de pensiones.

¿Quiénes tienen mejores posiblidades para explotar electoralmente esta oportunidad? Quienes logren ser vistos por la ciudadanía como candidatos creíbles y capaces de liderar un esfuerzo reformista en esta agenda común. Definitivamente aquellos candidatos sin representantes en el Congreso o que, si los tienen, votaron en contra de la vacancia y apoyaron otras reformas, como la judicial y política, se sitúan mejor para emprender el reto. Por supuesto, además de posicionarse en relación con esta agenda politizada, cada actor deberá responder a los intereses de sus votantes potenciales.

Me parece que así lo han entendido tres candidatos. En la centro-derecha, tanto Julio Guzmán (y el Partido Morado) como George Forsyth se pronunciaron tempranamente en contra de la vacancia y a favor de las protestas ciudadanas, aunque el último no tan consistente ni convincentemente. El reto para ellos es lograr consistencia y credibilidad, especialmente en los temas sociales.

Algo también previsible es que este nuevo contexto político sea favorable para posiciones más críticas con el modelo económico. Este es un resultado paradójico propiciado por el ingreso al Ejecutivo de una coalición de derecha conservadora, con representacion tecnocrática y empresarial, que aparece desfazada y aislada de las preocupaciones ciudadanas. En este lado del espectro, es más posible que la candidatura de Verónika Mendoza despegue pues no tiene una bancada que haya apoyado la vacancia, como sí es el caso de Unión Por el Perú, el Frente Amplio y el Frepap. El reto para ella es mostrar credenciales institucionales y convencer de su capacidad para gobernar. Es decir, pasar a ser una opción razonable para el elector medio.

Construir crediblidad política en un contexto de tan alta desconfianza y hartazgo ciudadano no va a ser tarea fácil. Estos tres candidatos tienen que mostrar compromiso y respuesta efectiva en los meses que sigan. Ninguno la tiene segura.

¿Quiénes pierden más con el escenario actual? Si bien es prematuro descatar a nadie, dada la fragmentación e imprevisiblidad del sistema político peruano, definitivamente hay actores a los cuales la jugada les va a costar más caro. La magnitud e intensidad de las movilizaciones nos indican la disposición de un sector importante de la ciudadanía de castigar electoralmente a los responsables directos de la crisis política, como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Unión Por el Perú y Podemos Perú. Incluso candidatos relativamente desenganchados, como Keiko Fujimori, que parecía estar reconstruyendo su imagen con fines electorales, serán golpeados con este cambio de rumbo y su total silencio.

Más allá de esta reflexión, no perdamos de vista que la vigencia de nuestra de democracia y las elecciones mismas están en juego. La represión en la calle, la desconexión de ministros con pulso autoritario y un Congreso que no reacciona frente a los abusos, ponen este proceso en una dirección incierta. En el futuro recordaremos dónde se paró cada quien en este momento histórico.