La nueva reforma universitaria, por José Dextre Chacón

Estamos a poco menos de 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, cuyo carácter libertario e innovador marcó por décadas la gestión de la universidad latinoamericana. Era la reivindicación de la autonomía juvenil y los nuevos aires de la modernidad. El concepto motor era la libertad: de pensar, de transformar, de romper cánones y paradigmas tradicionales. 

Los fines de la reforma, sin embargo, eran más intuitivos que ciertos. El cogobierno estudiantil auguró a los escépticos el caos y, quizás por ello, nunca funcionó bien. La libertad de cátedra respondió al compromiso del docente con la tolerancia y la democracia. La autonomía –sustantivo contestatario por su esencia independiente– reflejó la responsabilidad y madurez de quienes la ejercieron y demostró resultados tan trascendentes como deficientes.

Tal como el cambio social democrático produjo la reforma cordobesa, el giro social del siglo XX obligó a repensar la gestión en general y con ello la misma gestión universitaria. Una educación secundaria que se universaliza y cuestiona el elitismo universitario y un Estado cuyos recursos le hacen imposible proveer este servicio a una población cada vez más grande promueven desde el Banco Mundial (BM) la incursión de capitales privados en el sector educativo. 

Entonces, la competencia y el mercado aparecen en un sector donde la oferta era proveída  por la Iglesia o el Estado. Claudio Rama la denomina la segunda reforma universitaria, más silenciosa pero igualmente trascendente por sus resultados, y que derivará en una tercera reforma, caracterizada por la presencia de organismos reguladores y la exigencia de la acreditación.

Nuestro país fue uno de los primeros en asumir estas recomendaciones del BM. Los resultados fueron el incremento de la cobertura (lo que evitó serios conflictos sociales que la necesidad de estudios pudo provocar). Se inició en el Perú un proceso de acreditación voluntario, impensado por los conservadores, con excepción del Sineace, que lo impulsó al margen del Ministerio de Educación. 

También se inició la transformación de un subsidio a la oferta a uno a la demanda. Así, programas como Beca 18 permitieron a jóvenes sin recursos y talentosos estudiar en la universidad que eligieran. Sin embargo, contra lo que un conservador pudiera pensar, escogieron preferente y mayoritariamente universidades privadas, para colmo, societarias.

Que existe mala calidad en las universidades al lado de otras excelentes es evidente. Subsisten pésimas universidades públicas, pésimas sin fines de lucro con más de medio siglo a cuestas y, lamentablemente, pésimas societarias recientes. Corregir esta situación es indispensable. Pero la ley en dos años ha hecho poco. 

¿Qué hacer? Perfeccionar la ley desde lo político y lo técnico. La Sunedu requiere un consejo directivo autónomo del Ejecutivo, representante de la sociedad civil, plural ideológicamente y meritocrático, elegido al margen del gobierno, y que nombre al superintendente como una gerencia profesional. 

Técnicamente, la ley debe corregir absurdos como limitar la educación virtual al 50% presencial, que destruye su valor inclusivo e ignora nuevos formatos de educación global, o disponer que solo se puedan ofrecer dos ciclos al año y que una carrera deba durar como mínimo cinco años, olvidando ciclos de verano o modalidades cuatrimestrales que son estándares internacionales. También se debe eliminar el licenciamiento temporal por burocrático, y mantener sensatamente, acorde con la eficacia administrativa, que se pueda cancelar la licencia definitiva por faltas graves.

Como los conservadores de inicios del siglo pasado, sus pares del siglo actual no comprenden ni permiten el cambio. Plantean que solo su modelo es válido y único para ofrecer calidad, al margen de lo que la realidad demuestra. Considero que profundizar la reforma universitaria es indispensable y ella pasa por recuperar la libertad de pensar, innovar la gestión, estimular la competencia y la inversión privada. Es imprescindible perfeccionar la actual Ley Universitaria, que no muestra resultados más allá de burocratizar y entorpecer la gestión académica.