Solo el 16% de las obras por impuestos se destinan a educación
Solo el 16% de las obras por impuestos se destinan a educación
Raquel Yamujar Gil

Cada vez más empresas miran con interés el mecanismo obras por impuestos (OxI), pero son muchas las que aún no deciden utilizarlo. Y es que, pese a que el potencial para ejecutar proyectos en OxI equivale a un 14% del presupuesto público para el 2016 –una cifra que sorprende–, la realidad es que en el lapso de ocho años tan solo se ha utilizado el 11% de este potencial. 

Lo primero que debemos mencionar es que este mecanismo trae beneficios para el Estado en distintos niveles. Cuando los privados deciden hacer obras públicas con cargo a compensarlas con los impuestos que pagarían más adelante, no solo permiten al sector público financiar proyectos con este adelanto de impuestos, sino que también trasladan al sector privado riesgos que usualmente mantienen las entidades, llevando consigo mejoras en la eficiencia en la ejecución de proyectos.

Asimismo, existe un beneficio financiero importante para los gobiernos subnacionales (GSN). Imaginemos a OxI como una línea de crédito del gobierno nacional equivalente a la suma de tres años de transferencias de canon, regalías, etc. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2016 estas transferencias ascenderían a S/4.744 millones, mientras que el límite para hacer OxI es de S/19.595 millones. Ello debido a que las transferencias de los años anteriores fueron mayores.
Los beneficios se extienden también a los ministerios. OxI les ofrece una opción de financiamiento de corto plazo al permitirles una modalidad adicional de ejecución de proyectos. 

¿Pero cómo hacer más atractivo su uso para las empresas? ¿Y cómo lograr que el consecuente beneficio de un mayor número de proyectos de inversión llegue a más ciudadanos? Para ello propongo algunos puntos que ayuden a dinamizar este mecanismo y a extender su uso.

Cabe señalar que a fines del 2014 el MEF inició una evaluación integral de OxI en la que escuchó a los principales actores de este mecanismo para conocer sus experiencias. Así, en setiembre del 2015 se publicó el Decreto Legislativo 1238 y, posteriormente, un nuevo reglamento. Si bien los cambios planteados fueron importantes y ayudaron a restablecer la confianza en este mecanismo, aún persisten desafíos que requieren ser trabajados.

En primer lugar, se requiere reforzar el acompañamiento eficaz de una entidad del Estado a la cual se pueda acudir ante dificultades o controversias durante la ejecución de los proyectos, y que tenga opinión vinculante para poder resolver dichas controversias. El Estado debe internalizar que la empresa privada es un actor central en la ejecución de OxI y que, en la gran mayoría de los casos, no obtiene rentabilidad alguna por hacerlo. Por lo tanto, requiere de este acompañamiento permanente para no incurrir en pérdidas monetarias por apostar por este mecanismo.

También existen gastos que asumen las empresas y que no son reconocidos por el mecanismo de OxI. Los principales son aquellos derivados de la baja calidad técnica de los proyectos. Una solución sería permitir un mecanismo simplificado para que cuando se identifique un proyecto de muy mala calidad, se pueda desactivar a fin de volverlo a presentar como iniciativa privada, y que los costos de su reformulación sean reconocidos. 

Finalmente, existen demoras en la devolución de la inversión a la empresa privada. Para solucionar esto, resulta fundamental concretar la emisión electrónica de los certificados, algo ya establecido hace varios años en el reglamento, así como fortalecer las sanciones a los funcionarios que no cumplan con los plazos establecidos.
La agenda pendiente en OxI es prioritaria, por lo que se espera que el nuevo gobierno tenga la apertura para dialogar sobre estos temas en el menor plazo posible.