La OEA, Venezuela y el Perú, por Óscar Vidarte

La principal herramienta con la que cuenta la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que el gobierno de un país miembro cumpla con sus responsabilidades democráticas es suspenderlo del organismo regional.

Esta disposición, prevista inicialmente en el Protocolo de Washington (1992) y luego en la Carta Democrática Interamericana (2001), supone la suspensión del país en aras de propiciar el restablecimiento de la democracia, sin que esto suponga un incumplimiento de las obligaciones a las cuales se ha comprometido como Estado miembro de la OEA. 

Si bien las consecuencias para Venezuela no necesariamente serían determinantes para lograr que el gobierno del presidente Maduro adopte un camino distinto, sí constituirían un importante mecanismo de presión. El hecho de también haber sido suspendido del Mercosur –no por una infracción a la democracia, sino por no haber adoptado las normas internas del bloque– contribuye al aislamiento internacional del país caribeño.

Hoy Venezuela aún tiene aliados que hacen imposible pensar en una suspensión de la OEA, más cuando para ello se requiere del voto afirmativo de dos tercios de los países miembros. No obstante, el país caribeño ya no cuenta con el inmenso apoyo que llegó a tener hace algunos años. Los cambios que se dan en la región, y que pueden seguir dándose con una derrota del oficialismo en Ecuador en la segunda vuelta presidencial, han debilitado la posición venezolana.

Por otro lado, también es cierto que existe mucha preocupación por lo que pueda pasar en Venezuela en materia de violencia. Lo sucedido luego de las elecciones presidenciales del 2013 y la presencia de milicias urbanas armadas son aspectos a considerar si se profundizan las diferencias ya existentes. En otras palabras, la presión internacional puede ayudar a una salida democrática, pero también puede dividir más a la sociedad venezolana con las consecuencias que esta fractura puede generar. 

¿Y cuál es el papel del Perú? Desde la llegada del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, nuestro país buscó tener una posición más activa frente a la difícil situación venezolana. Esto no significa que el gobierno de Ollanta Humala haya sido un aliado de Venezuela; por el contrario, en muchas ocasiones al interior de la OEA la posición peruana fue contraria a los intereses venezolanos, pero el nuevo gobierno pareció asumir una política más decidida respecto a este problema. Alejándose del debate populista que en nuestro país parece predominar –el mismo que incluso critica el modelo económico, lo cual puede constituir una clara intromisión en los asuntos internos venezolanos– y considerando las posibilidades que brinda el derecho internacional, Kuczynski ha mostrado, como lo hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, la predisposición del Perú por apoyar los intentos de los organismos regionales por hacer que Venezuela retorne a un cauce democrático, e incluso por colaborar con la mejora de su situación económica.

Lamentablemente, en los últimos meses este discurso se ha ido enfriando. En la reciente visita de Kuczynski a la Casa Blanca, este tema fue tocado de manera muy superficial. Mientras que Venezuela, por su parte, parece identificar al Gobierno Peruano como uno de sus principales críticos, tal y como lo demuestra el último incidente bilateral que ha tenido como resultado una carta de protesta del gobierno peruano y un llamado en consulta de nuestro embajador en dicho país.

Frente a la compleja realidad política de algunos países como Brasil, Argentina y México, que impide que asuman un papel más activo, este es el momento para que Torre Tagle demuestre que tiene la voluntad por ejercer cierto liderazgo y lograr que nuestra política exterior tenga una mayor presencia regional. Esto implica impulsar el debate en la OEA acerca de la situación de la democracia venezolana invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y, de darse el caso, proponer que la OEA inicie las gestiones diplomáticas que corresponden en casos donde la democracia se ve afectada, en lugar de que se haga a través de terceros como con la fallida mediación de la Unasur. Solo si esta misión resultase infructuosa, podría pensarse en una suspensión, tal y como lo viene proponiendo el secretario general de la OEA. Por ahora, esa no parece ser una opción viable ni aconsejable.