La Oroya, por Marita Chappuis

Por decisión del Congreso, la empresa liquidadora de Doe Run Perú ha obtenido una extensión para poder vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Según algunos congresistas, el sector extractivo volverá a ser atractivo en los próximos años y eso podría facilitar la venta. Es cierto que actualmente la dificultad para vender activos no es solo peruana. En Chile, por ejemplo, la empresa Anglo American se propuso vender una moderna fundición de cobre cerca de Santiago, pero tampoco ha encontrado comprador.

Hacer atractivo el CMLO, sin embargo, va más allá de las cotizaciones de los metales. Se ha dicho que con los actuales estándares ambientales el complejo no podría operar, pero no se ha publicado ningún análisis económico que respalde este argumento. Para hacernos una idea de cuánto costaría adecuar La Oroya a los vigentes estándares internacionales, podríamos revisar las cifras que los ejecutivos de la fundición Paipote, en Chile, presentaron a principios de agosto. Según ellos, modernizar su planta costaría US$65 millones para capturar el 95% del SO2 que sus humos lanzan al ambiente y US$700 millones si la obligan a capturar el 99%. 

La Oroya debe tener un ‘spread’ ambiental similar al de Paipote. Según información periodística, si los acreedores renuncian al total de su deuda y se brinda a un operador la posibilidad de completar en tres años el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (y además se le otorgan 11 años adicionales para adecuarse a los nuevos estándares ambientales), entonces la reanudación del CMLO sería factible. Pero aprobar una medida así significaría emitir volúmenes contaminantes de SO2 al ambiente que otras fundiciones en nuestro país sí están obligadas a controlar.

En el mercado internacional de fundiciones existen unas pocas, de costos altos, que procesan concentrados complejos (o “sucios”) que contienen arsénico y otros contaminantes en porcentajes elevados. Dentro de este grupo se encuentra el CMLO. Los concentrados “sucios” (que contienen más de 0,5% de arsénico) están prohibidos de ingresar a China –que consume 40% del cobre mundial– desde el 2014.

Ante este hecho, los productores han desarrollado varias alternativas, como mezclar concentrados “limpios” y “sucios” a fin de obtener un producto que pueda ingresar a China o enviar sus concentrados “sucios” a la fundición Tsumeb en Namibia. Se desconoce, sin embargo, si el plan de negocios del CMLO es ser una competidora de Tsumeb, pero con resguardos ambientales, pues Doe Run no tuvo ese cuidado e importaba masivamente concentrados que eran rechazados en otros países. 

El argumento de quienes están a favor de impulsar este régimen de privilegios (que incluye condonar deudas, otorgar una licencia para contaminar y que los pasivos ambientales sean asumidos por el Estado) es que 1.500 trabajadores no sean despedidos. Pero no mencionan si las condiciones laborales, dentro del área operativa del CMLO, cumplen con la normativa vigente de salud ocupacional. Se dice que la ocurrencia de cáncer en La Oroya es cuatro veces mayor a la media nacional y en lugares como Vado y Malpaso, a las afueras de la ciudad, se encuentran enterradas toneladas de trióxido de arsénico, talio y ferritas de zinc. Todos ellos materiales tóxicos.

Resumiendo, se debería requerir instalar pronto en el CMLO la mejor tecnología (y no dentro de 14 años). Así podría operar por los próximos 30 años a bajo costo y sin ningún cuestionamiento laboral o ambiental. De no ser posible, existen experiencias exitosas en todo el mundo para el cierre de operaciones no competitivas. Sucedió, por ejemplo, en España, cuando ese país cerró sus minas de carbón, otorgando ayudas estatales para evitar la desocupación.