Los pasajeros del Titanic, por Enrique Castellanos

Hace unos días, el Gobierno finalmente suscribió el convenio de la OCDE sobre asistencia mutua en materia tributaria. Con este acuerdo, en algún momento entre el 2019 y el 2020, la Sunat empezará a recibir toda la información sobre cuentas bancarias y rentas de peruanos en el exterior: Suiza, Panamá, Gran Caimán, solo por nombrar algunos de los más de 100 países firmantes. 

Este es el último capítulo de un proceso que en el Perú empezó en el 2016. Como parte del mismo –y al igual que muchos países latinoamericanos–, el Gobierno lanzó a principios de este año una amnistía fiscal para facilitar que todos los peruanos con rentas en el extranjero no declaradas se pongan a derecho en condiciones bastante generosas. Desafortunadamente, las primeras cifras de este programa que termina en menos de dos meses no son muy auspiciosas. Se esperaba que se declararan rentas por unos 10 mil millones de dólares, sin embargo, lo declarado a fines de octubre es menor a los 200 millones de dólares.

¿Por qué tan pocos están participando en esta ventajosa amnistía? Existen razones válidas y no tan válidas para ello. La primera que se esgrime es la seguridad personal. Las personas de alto patrimonio no creen que la Sunat pueda tener un manejo hermético de la información de sus cuentas, exponiéndolas a extorsionadores, secuestradores y demás. Una segunda razón es el riesgo-país o político. Un futuro Gobierno de corte socialista podría imponer mayores tributos o incluso confiscar bienes a aquellas personas que se sepa que tienen importantes patrimonios en el exterior. Sin embargo, la cruda verdad es que a nadie le gusta pagar más impuestos. Sobre todo cuando nunca los habíamos pagado y vemos a diario cómo los recursos públicos se pierden en corrupción e ineficiencia. Por último, muchas personas todavía piensan que esta amnistía –como otras en el pasado– pasará y se olvidará, por lo que una buena estrategia es ganar tiempo y, al final, “pasar piola”.

No obstante, esta vez es diferente. Por varias razones creo que el único camino viable es acogerse a la amnistía. En primer lugar, esto del intercambio de información tributaria no fue una ocurrencia del ex ministro Alfredo Thorne. Es un fenómeno mundial que empezó en el 2001 (cuando los países se dieron cuenta de que el secreto bancario también servía para financiar al terrorismo internacional) y que está aquí para quedarse. Segundo, yo les firmo que en cinco años ningún banco serio aceptará a un cliente que no demuestre que su dinero ha pagado todos los impuestos en su país de origen. Mandar dinero “no saneado” será un problema real para los evasores. Por último, el ciberespacio ha facilitado muchísimo el acceso a la información. Todos vivimos conectados a la “nube” y falta poco para que el Gobierno sepa qué desayunamos hoy o de qué nos vamos a morir. En suma, el destino nos alcanza.

Las personas aún reacias a la amnistía parecen no darse cuenta de que son los pasajeros de la primera clase del Titanic. Siguen cenando y brindando pensando que nada les pasará. Después de todo, el régimen tributario peruano ha sido y es una plataforma bastante cómoda en la cual estar: no hay impuesto al patrimonio, a la herencia o a los intereses; y los impuestos prediales, a las ganancias de capitales y a los alquileres son un regalo. Mejor, imposible. Si no me cree, averigüe los regímenes tributarios de países cercanos como Chile, Colombia o Brasil. Estamos tan a gusto, que ahora cuando el Gobierno nos manda un catamarán a rescatarnos, pues nadie quiere subirse.

El mundo cambió para bien y no hay retorno. Tarde o temprano –aunque inexorablemente– el agua llegará a la primera clase y creo que nadie querrá terminar como los pasajeros del famoso transatlántico. Así que, caballero nomás, pongámonos el chaleco salvavidas y, con un gran dolor en el bolsillo, saltemos a la amnistía. Porque todos sabemos cómo termina esta película.