Un paso adelante, por Rodrigo López Landauro

La semana pasada, el Gobierno finalmente promulgó la esperada nueva ley de armas. Los ciudadanos que poseen legalmente armas en el Perú, luego de casi tres años de incertidumbre, parece que no salen de su asombro. No es fácil asimilar que una ley de este nivel sea una realidad. He escuchado a muchos amigos, incluso luego de que el Congreso de la República la aprobó, decir que el presidente Ollanta Humala no la iba a firmar, que la observarían e, incluso, que la estaban modificando extensamente (como si eso fuera posible legalmente), antes de pasarla a la firma.

Los motivos de tanta incredulidad son principalmente dos: 

El primero y más notorio: es una ley de una altísima calidad, coherente, inteligente, responsable. 

El segundo: es la imagen del actual gobierno, que hasta ahora se percibe como orientado al totalitarismo y de tendencia socialista, escenario que coincide en muchos otros países con una agresiva política de desarme civil. Honestamente, hace un par de años yo mismo pensaba que una ley así sería imposible durante este gobierno.

Una ventaja de la nueva ley es el esquema de tarjeta de propiedad por cada arma y una única licencia de uso, renovable cada tres años. Esto simplificará la pesada burocracia que a la fecha agobia a los usuarios.

Sin embargo, lo más importante de la nueva ley es la incorporación de lo que hemos venido exigiendo durante años: la obligatoriedad de educarse antes de acceder legalmente a un arma de fuego. En adelante, toda persona que desee poseer una licencia de uso de arma tendrá que pasar una capacitación con un temario teórico mínimo, y que necesariamente incluirá (hasta el cansancio) las normas básicas de seguridad y los usos correctos de un arma de fuego. También habrá una parte práctica, en la que se enseñarán (o reforzarán) técnicas de tiro: desenfunde, empuñe, alineación de miras, control de gatillo, etc. La capacitación concluirá con un examen escrito y uno práctico.

La educación como requisito para obtener un arma en nuestro país marca un hito y, quizá, su importancia no está siendo apreciada en toda su dimensión. Esta exigencia pone a la ley peruana por encima de muchas legislaciones de armas de la región latinoamericana (quizá todas), y la pone al nivel de leyes en sociedades más organizadas.

Además de sacudirse de los numerosos prejuicios que abundaban en las versiones anteriores, la nueva ley garantiza que, al menos, los usuarios reciban información mínima sobre los bienes que pretenden poseer. Cabe señalar que ninguna de las leyes anteriores obligaba ni sugería a los usuarios educarse sobre el correcto y seguro uso de sus armas.

Otra ventaja de la nueva ley es un mejor filtro. Existirá un registro de inhabilitados para obtener licencias, que incluirá a gente que purgó condena por delitos violentos o con antecedentes de violencia familiar, al margen de lo que aparezca en los certificados.

No existe norma que garantice que ninguna persona haga uso indebido de su arma, pero tener que educarse cada tres años fomentará que existan usuarios más responsables, informados y menos susceptibles a malos usos. Eso nos pone un paso adelante.