Venezuela
Venezuela
Óscar Vidarte A.

Existen consideraciones jurídicas y humanitarias que permiten cuestionar las recientes medidas impulsadas por el que afectan a los migrantes que tratan de ingresar a nuestro país.

Lo cierto es que el flujo de migrantes provenientes del país caribeño no se detiene y, más bien, ha aumentado en las últimas semanas. En ese sentido, tras las medidas económicas que viene implementando el gobierno de Nicolás Maduro, se teme que la situación de se agrave, generando mayores incentivos en la población para migrar, sobre todo en la más pobre.

Considerando lo difícil que resulta conseguir un pasaporte en Venezuela, solicitarlo equivale a crear una barrera para el ingreso de venezolanos al país. De esta manera, el gobierno, sin cerrar la frontera, responde a un “clamor popular” para evitar la presencia de más venezolanos en el país. Lamentablemente, esta ‘demanda’ se sustenta en premisas no demostradas, como creer que la inseguridad en la ciudad se debe a los venezolanos (algo que no se refleja en las estadísticas, más allá de algunos casos que han tenido amplia cobertura mediática), o desconociendo que, según Migraciones, el 90% de venezolanos entre los 25 y 45 años que han llegado al país son profesionales o técnicos, lo que constituye una migración altamente educada. Habría que ver también la terrible situación que comienzan a vivir cientos de venezolanos en la frontera norte, a la espera de ingresar al Perú. Es claramente una actitud xenófoba, sin ninguna consideración humanitaria, que el Gobierno Peruano no debería permitir.

No obstante, existe otro nivel de análisis que debe tenerse en cuenta: ¿esta política que restringe el ingreso de venezolanos al Perú, ayuda a los intereses del país en el plano internacional? La respuesta es negativa.

En primer lugar, el Perú se ha consolidado en los últimos dos años como un líder regional en la crítica contra el gobierno de Maduro, y eso es muy importante para la política exterior del Perú. Si bien los resultados aún son pocos (los cambios en Venezuela dependen también de otros factores que no se están dando), posicionar al país en un tema de tanta relevancia regional y extrarregional resulta clave.

En este contexto, las políticas asumidas inicialmente, que fueron claramente favorables para los venezolanos que quisieran venir al Perú, se entendieron como parte de este liderazgo. La crítica al chavismo iba acompañada de un apoyo al pueblo venezolano oprimido. Lamentablemente, ponerle fin a estos beneficios –no olvidemos que los plazos para los permisos especiales se han reducido– debilita la posición del Perú frente a Venezuela y dentro del Grupo de Lima, haciéndonos perder legitimidad.

Finalmente, estas medidas pueden afectar la relación con Colombia, un país que resulta fundamental para nuestros intereses, no solo por la agenda común, sino también por nuestra participación en la Alianza del Pacífico. Colombia no ha visto con agrado que Perú y Ecuador empiecen a solicitar pasaporte, pues esto puede generar que los venezolanos que escapan de su país, ante la imposibilidad de viajar a Brasil (por los conocidos casos de violencia), Perú o Ecuador, decidan quedarse en Colombia. De por sí, Colombia es el país de la región que más migrantes venezolanos ha recibido en los últimos años.

A diferencia del Perú y Ecuador, el gobierno de Bogotá no está en la capacidad, en la práctica, de solicitar el pasaporte, ya que, al ser un país vecino de Venezuela, la migración continuaría a través de vías ilegales mucho más riesgosas para los migrantes. Esto también podría suceder en las fronteras con Ecuador y el Perú, convirtiéndose en víctimas de violaciones a los derechos humanos, corrupción y trata de personas.

Parece ser el momento de trabajar un problema que afecta a varios países de América Latina en forma conjunta y no utilizando vías unilaterales, desde una perspectiva humanitaria y en aras de no afectar nuestros intereses como país. El Perú, en vez de convertirse lentamente en una Italia, podría tratar de liderar este proceso.