(Foto: El Comercio)
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Wilson Hernández Breña

Si hay algo difícil en la gestión pública, eso es gestionar el Ministerio del Interior. Lo técnico se mezcla con lo político, pero también con la urgencia de resultados y el reclamo de más castigo de parte de ciudadanos, autoridades estatales y políticos.

En este contexto y con un nuevo ministro, es útil plantear una agenda menos evidente (de seis puntos) que se suma a la más obvia: reducir la corrupción policial, mejorar las remuneraciones y el sistema de salud policial, eliminar el 24 x 24 y la protección policial de intereses privados, acercarse a las juntas vecinales, frenar la expansión de la extorsión, etc.

1. Es necesario aplicar un enfoque desde la ciudad. Insuficiente iluminación de calles, pocos espacios públicos, desconfianza interpersonal, pero también la conjunción de crecimiento económico y desarrollo urbano rápido y desordenado atraen y crean delincuencia. El reto no es solo del ministro del Interior. Pero este sí lo puede coordinar con otras carteras. Barrio Seguro es un buen ejemplo que, sin embargo, necesita masificarse planificadamente y ser intensificado en lo multisectorial.

2. La gestión de la seguridad ciudadana es también de los gobiernos regionales y locales. Todos los años, cada gobierno regional y local debe formular planes de seguridad ciudadana. ¿Qué rol tiene acá el Ministerio del Interior? Hace seguimiento a estos planes. ¿Qué problemas tienen estos planes? En breve: falta de ideas novedosas, propuestas sin sustento en evidencia (qué funciona y qué no), baja capacidad de gestión eficiente y personal poco especializado.

3. Urge recuperar la confianza en la policía, especialmente en los puntos de contacto frecuente con la ciudadanía. Un buen ejemplo son las operaciones de tránsito. Se debe protocolizar cada paso de la actuación policial (justicia procedimental) y así establecer pautas de obligatorio cumplimiento que cubran desde el saludo inicial hasta los motivos de la intervención, los argumentos para la sanción, entre otros. Puede sonar inocente. Pero, en otros países, ha sido efectivo para ganar confianza en la policía.

4. Hace falta explotar los datos georreferenciados. Los mapas del delito son claves, pero tienen dos limitaciones. Se construyen en base a denuncias (y menos del 20% de delitos son reportados en el Perú) y pocos saben qué hacer con estos mapas. En otros países, los datos georreferenciados sirven para entender cómo el crimen se relaciona con las características económicas y sociales de cada cuadra. También evaluar el impacto de estrategias de patrullaje aleatorias o planificadas sobre la victimización y la percepción de inseguridad. Incluso permiten evaluar si el crimen se desplaza luego de aumentar policías en las calles, realizar megaoperaciones o cerrar puntos de microcomercialización de drogas.

5. Hay que preocuparnos por la salud mental del personal policial. Cada ministro tiene una responsabilidad pasajera. En el día a día, los grandes responsables son los policías. Perseguir delincuentes, pero también enfrentar a manifestantes, ordenar el tránsito, temer denuncias injustas de algún delincuente o ciudadano armado con la cámara de su celular, provoca estrés temporal y crónico que requiere atención preventiva y tratamiento.

6. Todo lo anterior se cruza íntimamente con otro gran tema: género. De un lado, la formación en las escuelas policiales tiene un enfoque de género muy débil. Luego de egresados, este enfoque casi no es reforzado. Mientras que algunos policías en comisarías rechazan denuncias de mujeres víctimas de violencia porque “algo habrán hecho”, otros investigan estos casos bajo esa misma eterna sospecha.

El reto parece inmenso para un ministro. Pero es más manejable con una policía que lo respalda, autoridades locales capaces, un Congreso que apoya y un Ministerio de Economía y Finanzas que brinda presupuesto para lo que funciona.

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