No más policías-semáforo, por Luis Quispe Candia

¿Tiene razón el ministro del Interior, Carlos Basombrío, al reclamar que la Policía Nacional del Perú (PNP) debería dedicarse enteramente a la seguridad ciudadana y dejar que los inspectores municipales distritales regulen el tránsito? 

La Guardia Civil del Perú, fenecida institución tutelar, recibió en 1948 la responsabilidad de controlar el tránsito. Para ello seleccionaron a los miembros más destacados y de buena presencia, elegantemente uniformados con polaca y casco blanco, quienes fácilmente obtuvieron autoridad. El guardia Nonone Vivanco, por ejemplo, fue conocido por su cortesía y movimientos parsimoniosos al dirigir el tránsito de esa época. Eran otros tiempos.

Con la unificación de las fuerzas policiales, se efectuó un daño irreparable a las instituciones y al país al dejar de lado las especialidades. Pareciera haberse cumplido su precepto: “El honor es la divisa del guardia civil, por tanto, debe conservarla sin mancha, pues una vez perdido, no se recupera jamás”.

Lima es una ciudad con diez millones de habitantes y dos millones de vehículos, donde impera el caos y en la que anualmente se imponen más de 643.000 infracciones a los conductores. Asimismo, en sus calles ocurrieron 53.000 accidentes de tránsito que causaron 25.000 heridos y 641 muertes en el último año. 

La policía asignada al control de tránsito de la PNP ha sido relegada por el olvido de su comando y los gobiernos de turno, al no profesionalizarse su labor ni ser provista con la tecnología que nuestro tiempo ofrece. Es imposible regular el tránsito con silbatos y varas luminosas, en algunos casos reemplazando al semáforo desde una caseta elevada y en otros contradiciendo las propias señales luminosas (rojo, ámbar y verde), lo que provoca incertidumbre en los usuarios. 

Todas las ciudades –comenzando por las de los países vecinos– cuentan con semáforos inteligentes, cámaras y sensores para regular el tránsito vehicular y evitar las congestiones. En Lima se necesita mejorar la infraestructura vial, ejecutar los proyectos inconclusos y pasos a desnivel; pero, esencialmente, mejorar la señalización y semaforización. De las 1.250 intersecciones semaforizadas, 447 se encuentran a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano y Pro Transporte, y han sido instaladas con fibra óptica y preparadas para ser inteligentes; 270 semáforos convencionales son administrados por los municipios de La Molina, Surco, Chorrillos, San Isidro y San Borja, y los otros se encuentran dispersos en los 43 distritos, instalados a libre albedrío de los alcaldes, ante la carencia de una norma que los obligue a homogeneizarlos. 

Para concretar la idea del ministro Basombrío, urge declarar el tránsito y el transporte en emergencia, y asignar suficiente presupuesto para la instalación de semáforos inteligentes en un mínimo de 3.000 intersecciones. Corresponde al Congreso declarar, mediante una ley, el transporte como servicio público, y crear la autoridad única de transporte para la metrópoli. También, acelerar la implementación de trenes y buses para ofrecer en menor tiempo el soñado transporte integrado.

No es suficiente reemplazar al policía por el inspector en la caseta, el cambio debe ser integral y de raíz. Se requiere convocar a una escuela de inspectores de tránsito y transporte a jóvenes con vocación de servicio que superen rigurosos procesos de selección. Se tiene que acrisolar su profesionalización y presentar a la comunidad una nueva autoridad investida de elevado prestigio, que infunda respeto y que sancione con criterio al infractor. El Congreso, el Poder Ejecutivo y el alcalde de Lima tienen un reto pendiente.