A paso firme, por Susana Silva Hasembank

En los últimos 20 años, nuestro país ha sido escenario de graves denuncias de corrupción que tuvieron como imputados a servidores públicos de todo nivel de gobierno, nivel socioeconómico y tinte político. En ese proceso, hemos visto a algunos de esos imputados enfrentarse al crudo escenario de la cárcel, a otros siendo procesados y siendo liberados por falta de pruebas, y a otros que ni siquiera pudieron ser procesados penalmente pues se trataba “solo de un tema ético”.

Para combatir esa realidad, se han aplicado muchas recetas que priorizan el lado punitivo de la lucha contra la corrupción, como el endurecimiento de las penas, mayor rigurosidad en la aplicación de las sanciones penales y administrativas, y cada vez más normas que buscan eliminar cualquier laguna de impunidad en el marco normativo penal.

Ello sin duda está bien. Sin embargo, si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad, es altamente probable que la represión punitiva no tenga un efecto sostenible en el tiempo, y volvamos de manera cíclica a enfrentar escándalos de corrupción que generan en la sociedad mayor frustración, desconfianza en las instituciones y, por supuesto, retraso en el crecimiento económico y desarrollo humano.

Por ello, debemos apostar sin miramientos por una política de integridad que priorice el enfoque de la prevención, de manera que en el tiempo se consoliden conductas que apuesten por la probidad y honestidad, y que pongan por delante el bien común.

A escasos tres años del bicentenario de nuestra independencia, tenemos ahora la gran oportunidad de refundar el país haciendo de la lucha contra la corrupción y la implementación de una cultura de integridad la política prioritaria del Estado. Hacerlo, ciertamente, es una tarea compleja –para algunos quizás utópica– en una época marcada por los casos Odebrecht y Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao.

Con la aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 se estableció la política de integridad como una de las políticas prioritarias de gobierno. Asimismo, se creó la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros como una instancia que por primera vez tiene capacidad rectora y facultad técnico-normativa para ordenar los mecanismos de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal.

Entre los avances logrados se destacan el establecimiento de nuevas herramientas de prevención de la corrupción, como por ejemplo, el Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses, iniciativa que establece por primera vez la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas por parte de los servidores públicos que cuenten con capacidad de decisión y manejo de fondos públicos. Deben presentar información relacionada a los lugares donde han trabajado en los últimos 5 años, las relaciones familiares y la información laboral de las empresas, asociaciones y otras donde ellos o sus familiares cercanos intervengan. Es decir, información clave para la prevención de conflictos de interés.

Se ha planteado, además, el fortalecimiento de la regulación de gestión de intereses, que permite evidenciar dichas gestiones a través del registro de visitas en línea y las agendas oficiales. Ahora existen mayores estándares para ejercer la función pública, lo que evitará que las personas sancionadas por delitos graves como el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo puedan ingresar o permanecer en la carrera pública. Finalmente, se ha identificado a la corrupción en el sector privado como un delito contra el orden económico, al establecer como un crimen la concertación que afecta la libre competencia y las condiciones que influyen en el desempeño normal del mercado.

En esa misma línea, y con la consigna de cumplir con la demanda ciudadana de un verdadero cambio, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentó ante el Congreso de la República ocho propuestas normativas de reforma legal y constitucional del sistema político y de reforma del sistema de justicia.

Sin embargo, todo esto es apenas el inicio de un largo proceso que tiene como finalidad –además del fortalecimiento de las instituciones y las entidades del Estado– la consolidación de una cultura de integridad y rechazo definitivo a la corrupción. En este proceso contamos con la asistencia de organizaciones internacionales, en el que destaca el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Precisamente en ese marco de cooperación conjunta, nuestro país, este 18 y 19, será sede de la Reunión Ministerial del Programa Regional de Integridad de la OCDE, que congregará en el Perú a especialistas y altos funcionarios de la región, donde esperamos adoptar un plan de acción sobre reformas específicas para fortalecer la integridad en el sector público.

Como peruanos que anhelamos un futuro con desarrollo, justicia, equidad e igualdad, asumimos el reto de convertir a nuestra patria en un referente internacional en integridad y lucha contra la corrupción, renovando la confianza en que unidos lograremos el verdadero cambio.