El primer año de PPK en lo laboral, por César Puntriano

Al inicio de su mandato, PPK encontró que casi el 70% del empleo provenía de empresas informales. En ese contexto, era y es fundamental formalizar el empleo para que la economía se reactive.

Para ello, en reemplazo de la CTS, el presidente propuso crear un seguro de desempleo a cargo del empleador para quienes ingresan a trabajar (luego dijo que no se tocaría la CTS). También propuso eliminar el exceso de normas legales y proveer una seguridad social de calidad, fijando como meta quinquenal la creación de 3 millones de puestos de trabajo formales en sus 5 años de gobierno.

Planteó, además, modificar el arbitraje laboral, flexibilizar la aprobación de ceses colectivos, reactivar el Consejo Nacional del Trabajo y reformar la regulación sobre el despido, entre otras cosas.

Luego de 12 meses de gobierno, se han expedido algunas normas orientadas a alcanzar los objetivos, pero aún no se percibe una mejora. Así, en lo positivo, se emitió una norma que eliminó varias formalidades innecesarias (como la presentación de contratos de trabajo al Ministerio de Trabajo), y otras tantas en materia de digitalización de procedimientos (por ejemplo, el envío electrónico de boletas al trabajador a través del correo o mediante su descarga en una página web de la empresa).

Se eliminó también la exigencia de exámenes ocupacionales de ingreso para actividades no riesgosas, y se limitó la imposición del arbitraje por los sindicatos en el marco de una negociación colectiva para casos puntuales (antes era abierto).

En materia inspectiva, se tomaron medidas para fortalecer a la Sunafil. Entre ellas, el nombramiento de una superintendenta titular, la culminación de conflictos con los inspectores, la regulación que permitirá la convocatoria a los vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral y la creación de la nueva intendencia en el Cusco.

Pero el gran reto pendiente continúa siendo disminuir la informalidad laboral. Esta se presenta tanto en el sector informal (trabajo clandestino sin beneficios ni protección social) como en el sector formal (contratación fuera de planillas, contratos temporales para puestos permanentes, pago de remuneraciones fuera de planilla).

Esperamos que a partir de ahora se presenten cambios importantes, aunque dudamos que estos sean anunciados con detalle en el mensaje por Fiestas Patrias.

Por ejemplo, se debería impulsar el régimen laboral mype –que ya supone un ahorro de costos laborales– de manera conjunta con la eliminación de trabas administrativas y simplificación tributaria. Ya se ha avanzado con el régimen mype tributario, aunque debe plantearse de manera integral como un paquete formalizador.

También sería positivo facilitar el uso de contratos laborales a tiempo parcial (menos de 4 horas), pues son menos costosos. La actuación de la Sunafil como entidad formalizadora, no sancionadora, es relevante. Además, debe continuar el incremento de inspectores e intendencias regionales y que se materialice la convocatoria a los puestos de vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral, para lo cual debe asignarse el presupuesto suficiente.

En cuanto al empleo informal en el sector formal, se deben emitir normas que cierren la reposición en el empleo y el cobro de una indemnización adicional a la que corresponde por ley en caso de despido arbitrario. La jurisprudencia debe disminuir los pronunciamientos que vuelven más rígida la legislación laboral e incentivan la precarización en el empleo. Se avanzó en flexibilizar las normas sobre seguridad ocupacional, pero aún existen exigencias irreales para las mypes que deben modificarse.

Somos conscientes de que aún hay mucho por hacer, pero creemos que este gobierno posee la capacidad técnica para ello. Ojalá el Congreso también ponga de su parte para ejecutar estos cambios.