El problema de fondo, por Leda M. Pérez

El Perú vive un período de elevada inseguridad ciudadana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de setiembre del 2014 a marzo del 2015, el 30,1% de la población mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo. Un reciente estudio sugiere que entre los países latinoamericanos, el Perú es solo segundo después de Ecuador en victimización personal. La manera como nuestro país enfrente este problema tendrá consecuencias para su desarrollo. 

Al respecto, uno de los hallazgos más notables del estudio realizado por Costa y Romero (2015) es “la erosión de la familia, la escuela y los barrios” como contribuyente a actividades delictivas. Esto requiere ser analizado con un enfoque en salud pública, epidemiológico, en el cual se entiende a la “erosión” –de familias, escuelas y barrios– como el síntoma de una “enfermedad”. Visto así, ¿cuáles son las variables que conllevan a este resultado? Una de ellas es la condición de salud mental, en particular entre varones de bajos recursos. 

Es importante estudiar de manera particular el impacto de la salud mental masculina no atendida sobre mujeres, niños y familias. Esto cobra particular relevancia en torno a varones de bajos recursos que puedan tener un vínculo con la precariedad y los sistemas penitenciarios.

Pensando en los niveles de delincuencia y en las políticas de encarcelamiento en el Perú, si no se analiza la salud mental de las personas y su impacto en la sociedad se pierde de vista una parte crítica de la ecuación en torno a la seguridad ciudadana. ¿Qué incidencia de violencia familiar perpetrada por hombres es experimentada entre las familias de barrios pobres? ¿Cuál es la incidencia de alcoholismo entre estas personas? ¿Cuál es la incidencia de depresión u otra manifestación de alguna enfermedad mental? 

Sin duda existe un problema de seguridad ciudadana en el Perú. Pero si se realiza el análisis exclusivamente desde una perspectiva de justicia penal, se pierde la oportunidad de abordar los problemas de fondo. 

En ese sentido, primero se debería entender las causas subyacentes del crimen y trabajar en intervenciones que eviten el encarcelamiento. Estados Unidos –el país con la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo–, por ejemplo, tiene una población carcelaria principalmente compuesta por personas que padecen de enfermedades mentales. Es de sospechar que la situación en el Perú no es muy diferente, teniendo en cuenta que esto representa una tendencia mundial. Por tanto, un punto de partida importante sería insistir en la necesidad de contar con datos más actualizados sobre jóvenes en riesgo de ser encarcelados y de la población carcelaria en el país para, sobre la base de esta información, trabajar en el fortalecimiento del sistema de salud mental implementando intervenciones diferenciadas por sexo.

La ruta que ha seguido Estados Unidos en torno al hiperencarcelamiento de hombres pobres y marginados no es la decisión indicada para ningún gobierno. Aparte de ser equivocada, es costosa en términos sociales y económicos. Hoy en día, más de dos millones de niños en ese país tienen un padre en prisión. Por ello, esperemos que el Perú siga una mejor trayectoria y tome en cuenta la salud mental de su población como uno de los problemas de fondo para evitar pagar un precio tan alto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.