El proceso antisubversivo, por Rafael Belaunde

Gordon McCormick, analista de la Corporación Rand, de quien recojo varias observaciones, sostuvo en 1992 que para Sendero Luminoso (SL) la subversión urbana no era prioritaria durante sus años iniciales. Su intención entonces era dominar el ámbito rural para, desde allí, impulsar la paulatina asfixia de los grandes centros urbanos. 

Las acciones violentistas que perpetraban en las urbes tenían como propósito generar zozobra, no consolidar bases de apoyo popular. Recién a partir de 1985, SL comenzó a crearlas y extendió su teatro de operaciones para incluir los grandes centros urbanos como altares de destrucción y muerte. No obstante, a pesar de haber causado daños enormes, el esfuerzo senderista no logró en las ciudades derramar tanta sangre como en el campo. 

Varios son los obstáculos que los grupos terroristas enfrentan en el ámbito urbano. A diferencia del rural, en el que el forastero es un extraño del que debe recelarse, en el entorno urbano se interactúa cotidianamente con extraños. Por ello, la infiltración contrasubversiva en la ciudad es menos complicada que en áreas remotas. Otro flanco débil para la subversión es la vocación individualista de la población migrante, a la que pretendía enrolar. El migrante huye del entorno gregario que lo asfixia, ansiando cuotas de individualismo reñidas con visiones colectivistas. 

Para la subversión, las ciudades siempre fueron objetivos difíciles. Los ejemplos de los Tupamaros en Uruguay, las Brigadas Rojas en Italia y el Baader-Meinhof en Alemania así lo demuestran. 

Finalmente, el proceso subversivo en el Perú se vio afortunadamente afectado por el colapso de los regímenes comunistas ocurrido a fines de la década de 1980. La fatiga de los modelos totalitarios demostró su precariedad doctrinaria e implicó la desaparición del financiamiento internacional a la subversión. 

En respuesta a la irrupción urbana del terrorismo, a fines de la década de 1980 el ministro del Interior, Agustín Mantilla, creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), organismo policial orientado a investigar a la dirigencia senderista, para entonces ya concentrada en Lima. La metodología de capturar para luego investigar, aplicada por los militares en el campo, fue sustituida por una metodología policíaca citadina: investigar para luego capturar. 

El 1 de junio de 1990, el GEIN intervino, entre otras, una vivienda ubicada en Monterrico que resultó ser alojamiento esporádico de Abimael Guzmán y en la que se capturaron miles de documentos internos de la organización terrorista. A partir de esos documentos se pudo identificar a muchos miembros de la cúpula senderista e iniciarles seguimiento. Tal como explicó a la prensa el entonces mayor de la policía, Marco Miyashiro, en aquella oportunidad Guzmán se les escapó por un pelo. Año y medio más tarde caería el líder senderista. 

Se ha insinuado que las rondas campesinas fueron el factor determinante del colapso de SL, porque lo obligaron a volcar sus actividades al terreno urbano. Que estas desestabilizaron a SL, no cabe duda: la matanza de Lucanamarca, en 1983, fue una reacción desesperada de SL orientada a desincentivarlas. 

No cabe duda, tampoco, que sin el permanente acoso a SL por parte de las Fuerzas Armadas, su derrota hubiera sido imposible. Incluso las normas legales promulgadas por el régimen fujimorista al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, antes del golpe de abril de 1992, deben haber contribuido. 

En todo caso, es la conjunción de varias medidas adoptadas en distintos momentos, así como las demás circunstancias anotadas, las que coadyuvaron a la derrota de SL. Sin ese concierto de factores y circunstancias, el GEIN solo tampoco hubiera podido asestar el golpe definitivo. 

Es pues falso que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo Colina y los abusos de los jueces sin rostro fueron nucleares y determinantes en la derrota a SL –como postulan los abiertos o soterrados defensores de los abusos estatales–. Quienes, inmunes a los escrúpulos, pusieron en práctica ilegalidades contribuyeron a desprestigiar moralmente al Estado. Así, con sus desmanes, quienes pretendieron arrogarse la exclusividad del éxito en la lucha antisubversiva con el innoble propósito de aprovecharlo políticamente terminaron desdibujándolo.