Hernán Díaz

La visión aristotélica de la política plantea como uno de los grandes objetivos la consecución de la felicidad por parte de quienes son sujetos de gobierno. Es decir, la política para ser feliz. Cuán lejano resulta esto para los peruanos, los de hoy y los de ayer. Porque la búsqueda del bien común no es bajo ningún escenario lo que nuestra clase política se plantea como objetivo de gestión.

“Ese proyecto me va a favorecer a mí [...]. Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. El que tiene la bancada soy yo”. Lo ocurrido con la filtración del audio entre el líder de Alianza para el Progreso (APP), , y quien entonces era presidenta del Congreso, , es una muestra del mercantilismo que rige las acciones de gobierno de nuestro Parlamento. La urgencia que César Acuña evidencia en su conversación con la congresista Camones pasa por la necesidad que tiene de generar un enganche con esos más de 120.000 electores de Alto Trujillo, que luego le devolverían el favor en las urnas.

APP está en riesgo y los resultados de las próximas elecciones son gravitantes para su supervivencia, no solo política, sino también, a mi entender, económica, porque paciera que la línea que divide al partido político de las empresas de César Acuña es casi imperceptible y las decisiones congresales de su bancada en materia de educación así lo reflejan. Acuña lo sabe y, como quedó claro en los audios, estuvo dispuesto a usar todo su poder sobre la Mesa Directiva para, como él mismo dijo, favorecerse a como dé lugar.

Está claro que este tipo de gestiones no son algo ajeno al quehacer político peruano, pero la filtración de ese audio en esta coyuntura, en la que la crisis de gobernabilidad toca su punto más álgido, producto del desastroso y comprometido gobierno del presidente Pedro Castillo, no hace más que echar combustible a la calle, esa que no sabemos aún cuándo se incendiará.

La respuesta a los hechos no tardó en llegar y Lady Camones ha sido censurada, a solo 42 días de asumir el cargo. Se ha declarado vacante una presidencia que nadie esperaba. En paralelo, Camones ha sido denunciada por el Ministerio Público, junto con César Acuña, el excongresista Luis Valdez Farías y los que resulten responsables, por tráfico de influencias, colusión agravada y peculado doloso, como concurso de delitos. Mientras tanto, el oficialismo se regodea con el cambio de rumbo de los reflectores, toma un respiro y se reagrupa. Es un total despropósito que los llamados a ejercer el control y contrapeso al Ejecutivo sean personas que no se diferencian en lo más mínimo de quienes –en teoría– son los responsables de la crisis actual.

Una vacancia o un adelanto de elecciones generales no es más que un analgésico político, porque la grave enfermedad que nos aqueja no tiene 12 meses; tiene más de 200 años. La reflexión debe pasar por la evaluación de nuestro fallido sistema democrático, el maltrecho marco normativo en materia electoral y, sobre todo, por la forma en la que los partidos políticos, organizaciones representativas de la sociedad, abusan de su representación para finalmente fungir de sociedades mercantiles en beneficio de “sus accionistas”.

Hernán Díaz es analista político