(Foto: Reiner Díaz/Flickr)
(Foto: Reiner Díaz/Flickr)
Juan Manuel Ostoja

Desde hace unos meses, algunos congresistas vienen promoviendo una serie de iniciativas legislativas en materia de educación que buscan regular las pensiones y matrículas de los estudiantes de instituciones educativas privadas. Este tipo de proyectos afecta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y puede agravar la precaria situación económica que vienen pasando las instituciones privadas a raíz del COVID-19, poniendo en riesgo su funcionamiento y ocasionando el posible cierre de hasta diez universidades licenciadas y 500 institutos tecnológicos privados.