"La avalancha de terremotos deja al descubierto la realidad de que el Gobierno todavía no está preparado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos".  (Foto: EFE/ Thais Llorca)
"La avalancha de terremotos deja al descubierto la realidad de que el Gobierno todavía no está preparado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos". (Foto: EFE/ Thais Llorca)
Syra Ortiz-Blanes

Periodista

Mi bisabuela Syra tenía 5 años cuando el de San Fermín azotóen 1918. El terremoto, registrado en una magnitud de 7,3, y el tsunami resultante mataron a 116 personas y causaron daños por US$4 millones.

Puerto Rico ahora está convulsionando con una fuerza que no se había visto desde 1918. Un sismo de magnitud 6,4 que ocurrió el martes por la mañana cerca de Guayanilla, en la costa suroeste de la isla, dejó una persona muerta y al menos nueve heridos. También desencadenó un apagón casi en toda la isla, dejó alrededor de 250.000 personas sin agua corriente y derribó estructuras dañadas en sismos anteriores.

En total, más de 1.200 temblores han sacudido la región en las últimas tres semanas. Más de 2.200 personas han perdido sus hogares, y unas 6.000 están durmiendo afuera por temor a que sus casas se derrumben sobre ellas en cualquier momento. En cinco de los seis municipios más afectados, las estimaciones preliminares de daños suman más de US$460 millones.

Los puertorriqueños en la isla y en la diáspora todavía están lidiando con el trauma del huracán María (2017). La avalancha de terremotos deja al descubierto la realidad de que el Gobierno todavía no está preparado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

Los puertorriqueños están atravesando caminos montañosos en peligro de colapso para llegar a áreas donde la ayuda aún no ha llegado. Los puertorriqueños en la diáspora están recaudando fondos desde lejos para apoyar a los residentes de Guayanilla, Guánica, Yauco, Ponce, que han sido los más afectados, así como a otras ciudades dañadas. También se están organizando políticamente: Boricuas Unidos en la Diáspora, un grupo de defensa puertorriqueño con sede en Washington D.C., convocó una protesta el miércoles frente a las oficinas centrales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a fin de exigir fondos para recuperarse del huracán María y los nuevos terremotos.

La efusión de apoyo, más allá de demostrar la profunda compasión y el carácter resistente de los puertorriqueños, es un reflejo de una realidad más sombría. Muchos no confían en los gobiernos federales y locales para hacer su trabajo.

Puerto Rico no tiene un plan oficial de manejo de emergencias para terremotos. El geomorfólogo José Molinelli, quien señala la preocupación por la seguridad de los residentes y los voluntarios que respondieron para ayudarlos, dijo que los municipios del sur deberían ser evacuados. La gobernadora Wanda Vázquez ha dicho que ni un solo residente desplazado expresó su deseo de abandonar las regiones epicéntricas. En una reunión con los alcaldes de las áreas afectadas, dijo que hay “múltiples alternativas” que podrían ser posibles, incluyendo dar vales de la Sección 8 o reubicar a los desplazados en unidades vacantes de la Autoridad de Vivienda Pública de Puerto Rico.

Ante un gobierno ineficaz, una vez más hemos optado por no esperar a que nuestros políticos locales elegidos o funcionarios federales nos ayuden. Pero después de una emergencia, no debería depender de ciudadanos individuales y grupos locales crear estructuras para el socorro en casos de desastre.

Sin embargo, no se puede culpar al gobierno local, que opera dentro de las limitaciones de su relación colonial con . En la Casa Blanca, el presidente Trump ha permanecido públicamente en silencio sobre el asunto. Firmó una declaración de emergencia inicial que asigna US$5 millones para servicios de emergencia, pero no accedió a una solicitud de la gobernadora Vázquez para declarar a Puerto Rico como una zona de desastre mayor. Hasta entonces, hay un límite en la cantidad de ayuda que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) puede proporcionar, aunque no es un límite estricto.

Además, los más de US$18 mil millones en fondos federales que el Congreso asignó hace más de dos años tras los huracanes Irma y María aún no han llegado a la isla. El presidente Trump le prometió a la gobernadora Vázquez que la ayuda se desembolsaría rápidamente, pero dada su trayectoria no parece prometedora. La respuesta es, una vez más, un reflejo de lo poco que esta administración valora nuestras vidas, un punto destacado por estudios recientes que muestran cómo Texas y Florida recibieron una respuesta federal significativamente más generosa y rápida durante la temporada de huracanes del 2017.

En medio de la desconfianza hacia los gobiernos que nos supervisan, los puertorriqueños han encontrado consuelo y apoyo mutuo. Si los últimos dos años y medio nos han mostrado algo, es una verdad: somos nuestra propia salvación.


–Glosado y editado–

© The New York Times