(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Ricardo Valdés

Exviceministro del Interior

Las recientes declaraciones de un ex ministro del Interior y general en retiro de la PNP (“El Trome”, 10/2/2019) corroboran lo que ya se sabía desde mediados del año pasado por declaraciones del mismo general. En síntesis, que el congresista Miyashiro apoyado por varios generales que provienen de la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP) se encontraban “promoviendo un proyecto de ley para que la Policía Nacional del Perú (PNP) sea dividida en dos: una que se dedique al patrullaje y labores de prevención, y otra íntegramente a labores de investigación” (“La República”, 8/8/18).

El proyecto, debatible sin duda, implicaba modificar la Constitución y varias leyes referidas a la Policía Nacional y, aparentemente, el Código Procesal Penal para poder conducir la investigación penal, ahora en manos del Ministerio Público. El proyecto no tuvo mayor implicancia y, finalmente, no fue apoyado por la bancada mayoritaria de Fuerza Popular que integra el congresista Miyashiro.

¿Pero cuál es la novedad, entonces? Que el ex ministro afirma que actualmente existe un grupo denominado G9, integrado por generales en retiro, que insisten en la posición antiinstitucional de dividir la PNP y, dice, se encuentran tras el presidente Vizcarra para convencerlo del proyecto. Es decir, el grupo se encuentra activo, no han abandonado su proyecto y continuarán defendiendo esa posición, lo que supone, a mi juicio, un sinsentido por el alto costo económico, programático, educativo y, sobre todo, institucional, pues se estaría afectando la unidad policial que tantos años ha costado obtener.

Es obvio, entonces, que la posición del G9 se contradice con el manejo institucional de la PNP a través de un comando único de alcance nacional. Por ello es difícil de entender y preocupante al fin que el actual ministro del Interior sea, según el declarante ex ministro Hernani, parte del G9 que busca la secesión de la Policía Nacional.

¿Se están dando pasos en ese sentido? En aras de la transparencia sería bueno conocer si a lo largo de estos últimos meses se han producido directivas, por ejemplo, para cambiar la dependencia jerárquica de las divisiones de investigación criminal en las regiones policiales, para que estas reporten a Lima y ya no dependan del jefe regional quien, de acuerdo con la norma, tiene el mando sobre estas divisiones. De confirmarse este hecho sería una muestra de los nuevos rumbos que de manera informal estaría tomando la PNP. No hay que olvidar que la estructura policial se encuentra establecida por una ley y un decreto supremo, por lo que no podría modificarse con una orden de comando

Debemos recordar que la actual estructura policial no tiene ni dos años de aprobada, y que esta fue consecuencia de una propuesta del comando policial, trabajada por y entre policías, y finalmente consensuada con el equipo civil del ministerio para que responda a las normas y principios vigentes del aparato estatal y la modernización pública.

Es más, la estructura policial cuenta actualmente con dos direcciones nacionales de alto nivel, una que concentra los aspectos de Investigación criminal y otra que se dedica al orden y la seguridad. ¿Entonces, por qué no fortalecer la actual estructura? ¿Qué se ganaría con la secesión? Incluso la estructura del Ministerio del Interior también fue modificada para que, a través de los viceministerios, la policía cuente con un espacio de gestión y decisión política que la apoye con los niveles de gobierno y la cooperación internacional.

Ahora que se habla tanto de la inseguridad ciudadana y de la moral policial, me pregunto: ¿conocerá el presidente las inclinaciones secesionistas de este grupo de policías que proviene de la antigua PIP? ¿Estará siendo presionado el ministro por el G9? ¿Cómo se sentirá la Policía Nacional al saberse conducida por un ministro y ex general que buscaría la división de la institución? ¿Cómo se puede garantizar la neutralidad de la autoridad ministerial ante las evidentes pugnas internas que aún subsisten en la PNP, si ya el ministro del Interior podría haber tomado y asumido una posición, según las notas periodísticas publicadas y no desmentidas? ¿Afecta esto la toma de decisiones o, peor, el acatamiento eficiente de las órdenes? ¿El impacto en la estructura y unidad policial terminará por afectar la seguridad ciudadana?

Aún no sabemos las respuestas, pero ya se vienen escuchando voces preocupadas por la situación, más aun con el rol e influencia de algunos de los integrantes del G9 en el Congreso y en el Ejecutivo.