¿Quiénes (y por qué) llegan al Congreso?, por Paulo Vilca

Las sucesivas denuncias realizadas en contra de congresistas de los distintos partidos políticos han puesto el foco de atención en la manera en que se conforman las listas de candidatos al Parlamento. Se resalta la escasa “calidad” de un proceso de selección que permite que lleguen al Congreso personas en cuyo historial se puede encontrar desde vínculos con narcotraficantes, investigaciones por lavado de activos, procesos y condenas por corrupción hasta estudios escolares fantasma.

Esta situación responde a la forma en la cual se configura la oferta política. En un estudio realizado junto a Mauricio Zavaleta con el apoyo de IDEA Internacional durante las elecciones del 2016, recogimos información sobre cómo partidos de limitado alcance territorial lograban reclutar candidatos y desplegar campañas en 26 distritos electorales diferentes. Basados en regiones del sur del país, encontramos que la confluencia de ciertas disposiciones electorales incentiva a los partidos a reclutar candidatos sin mayores vínculos con la organización pero con los recursos necesarios para llevar a cabo campañas en sus localidades. En este contexto, las cúpulas partidarias tienen pocos alicientes para revisar los antecedentes de los candidatos que convocan. Lo importante es que atraigan votos.

La exclusividad de postular candidatos al Parlamento por parte de los partidos con inscripción nacional y la vigencia del voto preferencial son claves para entender esta dinámica. Durante las elecciones generales, los partidos son los únicos ofertantes de cupos al Congreso. A diferencia de las elecciones regionales, donde los políticos locales pueden formar sus propios movimientos, en una elección nacional estos están obligados a “demandar” su incorporación en las listas partidarias. En este escenario, el grueso de las candidaturas congresales son obtenidas por políticos locales a través de negociaciones directas con el candidato presidencial y sus allegados. En un proceso de esta naturaleza, las elecciones internas son meras formalidades.

El voto preferencial también juega un papel importante. Gracias a ello, los políticos locales ganan la inscripción necesaria para participar, mientras que los partidos pueden dar la ilusión de desplegar una campaña nacional sin una real presencia territorial. Sin embargo, en la práctica, las campañas están sostenidas en las maquinarias personales de los postulantes al Congreso, quienes desarrollan actividades proselitistas en los 25 departamentos con el nombre y logo de la agrupación, lo cual es extremadamente beneficioso para partidos tan debilitados como los peruanos. Incluso los mítines de los candidatos presidenciales en el interior del país son costeados por los candidatos al Parlamento. El efecto multiplicador del voto preferencial genera la ilusión de una campaña nacional donde en realidad solo existen pequeñas campañas locales en simultáneo.

Por ello, en la medida en que el objetivo inmediato es maximizar sus oportunidades electorales, las cúpulas partidarias prefieren captar políticos competitivos sin fuertes vínculos con la organización en lugar de militantes incondicionales sin ningún capital político. Esto configura un mercado que establece precios diferenciados de acuerdo al partido, la circunscripción y número que se ocupa en la lista. Por ejemplo, el valor de un cupo en Piura es mucho mayor que en Puno o Cusco.

En este escenario, el transfuguismo se ha institucionalizado. Si observamos la composición de los partidos más votados durante la elección del 2016, menos del 25% de sus candidatos postularon de manera previa con el mismo partido. Únicamente en la Alianza Popular –conformada por dos partidos tradicionales, el Apra y el PPC– más del 50% de los candidatos participaron por las mismas agrupaciones con anterioridad, mientras que en Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y el Frente Amplio los candidatos que postularon por aquellos mismos membretes en una elección previa no superaban el 20%.

Este fenómeno no solo conlleva una amplia rotación en la composición de la oferta partidaria, sino una imbricación entre la política “regional” y “parlamentaria”. Benicio Ríos, congresista sobre el cual hoy pesa una orden de captura, es un claro ejemplo de ambas dinámicas. Desde el inicio de su trayectoria política en Ollantaytambo como regidor distrital a fines de los ochenta hasta su elección como congresista en el 2016, Ríos fue candidato por siete organizaciones políticas distintas. Luego de perder la gobernación regional de Cusco en la segunda vuelta del 2014 como candidato del movimiento Acuerdo Popular Unificado, fue incluido en la lista de APP a pesar de las múltiples denuncias en su contra. Así, se convirtió en el congresista más votado de la región con más de 31 mil votos.

Benicio Ríos garantizó a APP una intensiva campaña en Cusco, lo que se tradujo en la pinta del logo del partido de los Acuña por todo el Valle Sagrado y una presencia sostenida en la zona central del departamento. Sin embargo, acabada la vorágine electoral, estas estrategias impactan de manera directa en la calidad de la representación, como el caso de Ríos muestra. Max Weber afirmaba que sin partidos que guíen la conducta de los políticos sobre divisiones programáticas los parlamentos tienen el riesgo de convertirse en simples mercados de intereses individuales. ‘Weber was right’.