¡Todos afuera!, por Janice Seinfeld

El presidente Martín Vizcarra ha conectado con la indignación ciudadana frente a la corrupción y la fragilidad de las instituciones públicas. Dada la intransigencia de la oposición política, ha optado por colocar a la opinión pública como su aliada.

En esa línea se inscribe su propuesta de convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre cuatro puntos: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento privado de los partidos políticos, el retorno a un sistema legislativo bicameral y la no reelección de congresistas. Sobre esta última quisiera detenerme para analizar si es la mejor opción vista en perspectiva.

Vayamos primero al mapa: en las últimas elecciones, 35 legisladores fueron reelegidos. Es decir, solo el 26,91% del total de parlamentarios conserva su curul, y el 73% son caras nuevas o reincidentes, pero no reelegidas consecutivamente.

Como el propio Vizcarra precisó en su mensaje, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del propio mandatario, todos los cuales tienen iniciativa de gasto. Frente a este impedimento, vemos cómo a las próximas elecciones municipales y regionales se están lanzando familiares de los funcionarios salientes —hijos, pareja, cuñado…—, mientras muchos de ellos están postulando a otras circunscripciones. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa.

La ciudadanía debe poder premiar o castigar a sus políticos mediante su voto. Impedirle la reelección es limitar su libertad. Además, ¿cómo honrar una buena gestión si no es confiando nuevamente un encargo que ya probó ejercer con solvencia? Los buenos legisladores y la ciudadanía no debemos pagar los platos rotos de sus colegas impresentables.

Lo que ha hecho Vizcarra es un rayado de cancha frente al Congreso. Si bien audaz en términos políticos, no necesariamente es la ruta más adecuada para fortalecer la estabilidad de nuestras instituciones. Es conectar con la sensación de “que se vayan todos”, y así no se construye país.

Llamó la atención, por ejemplo, que el presidente no haya mencionado nada de la reforma del Servicio Civil (Servir), en proceso de unificar los diversos regímenes laborales del sector público bajo un sistema meritocrático. Su objetivo es construir una línea de carrera entre los funcionarios públicos para mejorar la calidad de la gestión y los servicios que ofrece el Estado.

La corrupción es hoy la principal amenaza al Estado de derecho, un problema estructural cuyo combate debe, igualmente, ser orgánico. Y el presidente ha sido claro al respecto. Confío en que, por fin, los peruanos estamos entendiendo que esta no se trata solo de un asunto moral, sino de un problema sistémico que impacta directamente en el desarrollo y en su sostenibilidad. La corrupción mata, la corrupción genera pobreza y exclusión, la corrupción limita la educación, la corrupción permite que violadores de niños caminen impunemente por las calles pese a haber sido sentenciados.

¿Cómo enfrentar una corrupción que es transversal a todo el sistema? Como señala Transparencia Internacional, además de con voluntad política que permita desmontar el aparato criminal y romper la impunidad, debemos fortalecer las instituciones con líneas de carrera claras y reforzar su capacidad de gestión. Asimismo, mejorar las medidas de control involucrando a una ciudadanía cada vez más alerta y comprometida y, por supuesto, educar a las futuras generaciones sobre los efectos nefastos de esta plaga.

Cuando el Estado deje de ser visto como un botín, y sea un privilegio servir al país, ahí habremos recién ganado esta batalla.