La reescritura de la historia reciente, por María Eugenia Ulfe

María Eugenia Ulfe

Coordinadora de la especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú

El 30 de marzo el economista Hernando de Soto publicó en este Diario una lectura controversial sobre el nacimiento de la nueva clase media en Ayacucho y el conflicto armado interno. Propone –recogiendo la opinión de la historiadora de clases bajas a migrantes y después a informales, sector del cual han emergido la nueva clase media y la minería informal” (A22). 

El autor señala que “Lima no ve” por qué la población migrante busca insertarse al mercado. Sin embargo, esa transformación en la forma de pensar de los pobladores comenzó años antes, con la educación como motor de movilización social, canal de ciudadanía y razón principal para migrar, como demostró Carlos Iván Degregori. La migración se desborda –como diría Matos Mar– en 1980 a causa de la guerra, que genera la nueva categoría ciudadana de desplazado. El conflicto iniciado en 1980 transforma la vida en el campo. Estos cambios son aun más fuertes cuando en la década de 1990 se destinen presupuestos para los municipios locales.

Las primeras comunidades campesinas en rebelarse contra Sendero Luminoso fueron Lucanamarca, Sacsamarca y Huancasancos (Ayacucho). El autor no recurre al Informe Final de la CVR y señala que “se rebelan contra Sendero Luminoso (SL), que quiere colectivizar sus parcelas y prohibir los mercados”. En verdad, se rebelan por sus “arrasamientos” del ganado comunal y distribución a poblaciones y comunidades contra las que tenían antiguos litigios. También porque asesina a autoridades locales. No puede reescribirse una historia sobre fuentes no citadas y sin recurrir a la voz de los sujetos ni asumirse una sola lectura de los hechos. Distintos estudios invitan a reflexionar sobre el papel de las autoridades, los comités de autodefensa y las poblaciones locales en la lucha frente a Sendero. No es una lucha económica por pasar de preinformales a formales, más bien nace del dolor por la vida y la sobrevivencia.

De Soto cae en la lógica perversa de pensar el emprendedurismo nacido del conflicto. Me pregunto: ¿cuáles son los valores y los rostros de esta “nueva clase media”? Es innegable que el conflicto trajo “algo positivo” para algunas comunidades. Méndez menciona cómo Iquicha logra su reconocimiento oficial como comunidad y Tamia Portugal narra cómo Putis logra el suyo como centro poblado. En Lucanamarca, se crea el colegio secundario un mes después de la masacre, tras años de comisiones y petitorios. No puede reducirse el Estado a si Lima lo vio o no. El Estado estaba presente en estos lugares, quizá de manera ineficiente e ineficaz, pero estaba transformado en bases militares, o convertido en grandes zonas de emergencia donde los derechos de los ciudadanos eran vulnerados. No se puede deshistorizar la historia de un pueblo como Uchuraccay para insertarla en una narrativa de informales a formales.

Foucault analizaba cómo la idea de gobierno hacia el siglo XVI había dejado de evocar la administración del hogar, la parcela y la familia, para asumir un sentido económico y político, ideológico en naturaleza. Esto, construido sobre una organización administrativa (burocrática) y tecnologías disciplinarias, reorientaría la vida del sujeto en una ideología política distinta que juntaría política y economía en un solo sistema de gobierno, que se denominó liberalismo o neoliberalismo. Usando como concepto la “nuda vida”, Giorgio Agamben retoma esta idea de soberanía para exponer los límites de un orden que se constituye a partir de la exclusión y técnicas de gobierno, donde la violencia se ejerce de forma estructural, donde se requieren víctimas para asentar y hacer crecer un sistema. ¿Es esa acaso la historia que pretende tejer De Soto? 

“La economía abierta y la nueva clase media son frutos de esta victoria política”, señala el economista (A23). Pero nuestra historia es muy profunda para ser reescrita desde la banalidad del éxito personal, del “sí puedes”. Los números dicen que en esta guerra nos matamos entre peruanos, que murieron más de 69 mil, que desaparecieron más de 15 mil, que hubo una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos por parte de nuestras Fuerzas Armadas y que gran parte de nuestra sociedad guardó silencio. No puede cubrirse este horror con un manto victorioso de números y recetas mágicas. Las víctimas siguen esperando reparaciones, verdad y justicia.