De reglajes y seguimientos, por Óscar Valdés

Ante las recientes revelaciones de reglajes y seguimientos, todos nos preguntamos: ¿a qué se deben?, ¿quién los realiza? y ¿cuál es el propósito? Para contestar estas interrogantes debemos tener presente que existen antecedentes que nos llevan a pensar, con lógica simple, que provienen de los órganos de inteligencia, los cuales estarían siendo mal utilizados por el gobierno de turno.

El sistema de inteligencia de cualquier país tiene por finalidad salvaguardar al Estado respecto de las actividades que realizan individuos u organizaciones en contra de este y que constituyen amenazas –ya sean vinculadas al narcotráfico, crimen organizado, inseguridad ciudadana o terrorismo, entre otros–, por lo que se equipan adecuadamente con todos los adelantos tecnológicos y el personal especializado que se requiera.

Estos servicios constituyen actividades importantes para la seguridad interna (como las de contrainteligencia) que deben informar al gobierno de las amenazas dentro del país y que están relacionadas a personajes y organizaciones que traman acciones contra el Estado. 

En general, es necesario destacar que en el pasado las actividades subversivas nacían de partidos de extrema izquierda y de allí que se hacían actividades de observación, vigilancia y seguimiento (Ovise) a líderes y dirigentes de esos partidos justificadamente. Lamentablemente, cuando se nombra a funcionarios que no conocen la especialidad, estas actividades se amplían a perseguir a los políticos de la oposición, como se ha podido apreciar sobre los probables candidatos en las futuras elecciones del 2016 (Alan García y Keiko Fujimori entre ellos), así como también a los propios partidarios que no están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, como es el caso de Marisol Espinoza, Natalie Condori y otros.

El problema radica en que cuando se elige a la cabeza que debe dirigir el sistema de inteligencia, se opta por una persona de la más absoluta confianza del presidente sin tener en cuenta si este posee las capacidades y cualidades personales que el puesto requiere. En el presente gobierno se nombró, por ejemplo, a un oficial del Ejército en retiro que si bien es cierto trabajaba en seguridad de una empresa minera, no tenía la experiencia necesaria que el puesto demandaba. 

Es importante la experiencia, porque es el principal asesor del presidente en cuanto a la visión, los objetivos y la organización del mismo sistema; es él quien también recomienda al jefe de Estado, a las principales personas que trabajarán en los diferentes puestos, quien recomienda los equipos a adquirir y las operaciones generales y especiales a llevar a cabo.

Por norma general, en todas las organizaciones de inteligencia, y el Perú no es la excepción, si bien es cierto que existe un “compartimentaje” entre sus componentes (uno no se entera lo que hace el otro), las operaciones especiales de importancia deben ser autorizadas por el más alto nivel, de allí que si la DINI realizó los reglajes y las Ovise, estas debieron ser autorizadas por el presidente, de quien depende funcionalmente.

Es conveniente mencionar que así nos duela aceptarlo, estas operaciones de inteligencia se suelen hacer en todos los gobiernos, con las excepciones del caso si las hubiera. Cuando están bien hechas, los ciudadanos nunca nos enteramos, solo las descubrimos cuando no se hace bien el trabajo. De allí que se llame agentes a todos los que trabajan en la organización y espías a aquellos que son descubiertos en las operaciones que realizan.

Si estas operaciones hubiesen sido realizadas por organizaciones civiles –llámese empresas privadas–, esto querría decir que el sistema de contrainteligencia no está cumpliendo su rol de neutralizar oportunamente estas operaciones ilegales contra peruanos que, guste o no, son parte importante en la política nacional.

Estas últimas revelaciones, sean producto de la prensa o infidencias de miembros del sistema, nos hacen ver que el aparato de inteligencia no está cumpliendo con su rol y que es necesario que el Estado Peruano, a través de sus organismos de control –en este caso la Comisión de Inteligencia del Congreso–, realice una detallada investigación, se determinen los responsables y sean sancionados severamente como corresponde. Hay comentarios que señalan que esta comisión no tendría la capacidad de investigar adecuadamente debido a que no contaría con la colaboración del gobierno. En otras palabras, que no existiría una herramienta para fiscalizar. Ya existen voces, sin embargo, que abogan por que intervenga la sociedad civil, lo que a nuestro entender sería contraproducente y desnudaría el trabajo del sistema de inteligencia que, sin duda, es necesario para la supervivencia del Estado, trascendiendo a cualquier gobierno. Si esto ocurriese, estaríamos permitiendo que gente ajena a estos quehaceres tenga conocimiento de información reservada. En el caso de la comisión del Congreso, ellos sí estarían autorizados al acceso a esta información y tienen responsabilidad en caso de infidencia.

Todo sistema de inteligencia se basa en primer término en la probidad, honestidad y lealtad de sus integrantes; luego, en la capacitación y el equipamiento de todos sus estamentos y, finalmente, en la vigilancia de su correcto uso y sobrevivencia a través del tiempo por el mismo Estado mediante la participación de sus autoridades elegidas a lo largo de los procesos democráticos.

No cometamos el error de buscar nuevas reorganizaciones y volver de nuevo a fojas cero. Hagamos las correcciones necesarias a cabalidad. 
Todo Estado requiere sí o sí de un sistema de inteligencia que garantice su supervivencia a lo largo del tiempo.