“Reglamento de la Ley del Cáncer: una oportunidad para transformar el sistema de salud”, por Diego Venegas

Han transcurrido nueve años desde que se promulgó el Plan Esperanza. Hasta antes de la pandemia se obtuvo una reducción del 20% en la tasa de mortalidad; sin embargo, los casos de cáncer han aumentado en un 25% durante los últimos 10 años. Durante la pandemia el riesgo de muerte de un paciente oncológico se ha triplicado.

Existen puntos críticos no resueltos. Primero está la promoción y prevención de la salud muy retórica. No se han tomado las decisiones de intervenir sobre los determinantes de la salud, porque aún no se ha descentralizado las funciones y los recursos a los gobiernos locales. Por ejemplo, Lima Metropolitana en la actualidad no es responsable de sus postas médicas y como consecuencia la meta de lograr coberturas de vacunación en VPH mayores a 90% y coberturas óptimas de tamizaje de cáncer no se ha logrado.

Asimismo, otro problema que existe es el centralismo, manifestado a través de largas listas de espera, por ejemplo, dado que en sólo cinco regiones del país existe radioterapia, la mayoría de los casos se derivan al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Además, se sabe que 13 regiones no tienen servicios de quimioterapia y sólo en dos se pueden tratar niños con Leucemia fuera de Lima.

De igual forma, se presenta una ineficiente asignación y ejecución del gasto en cáncer, puesto que según la consulta amigable del MEF se invierte más de 700 millones anuales para esta enfermedad y en los últimos 5 años el INEN ha devuelto más de 600 millones por falta de ejecución.

En esa misma línea, se evidencia también un deficiente acceso a medicamentos, puesto que pese a las exoneraciones tributarias que tienen los productos oncológicos, existen grandes barreras burocráticas que impiden la incorporación rápida y costo efectiva de medicamentos al petitorio nacional.

Finalmente, el financiamiento disponible para los tratamientos contra el cáncer es insuficiente y de otro lado, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) no funciona realmente como un fondo, sino bajo la lógica de un presupuesto histórico anual, a diferencia de los países de la región como Chile, Uruguay, Colombia y México. El riesgo de enfermar es asumido por cada Aseguradora Pública o Privada y no comparten un fondo único de alto costo.

Frente a estos problemas la Reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer se presenta como una oportunidad si se cambia el modelo de gestión y se pone a cargo de las Redes integradas de salud a los Gobiernos Locales que tienen incidencia directa sobre los determinantes de la salud y evitarán que más peruanos enfermen.

De otro lado, el Organismo Público Ejecutor-OPE INEN debería absorber la actual Dirección de Cáncer del MINSA y ser el responsable a tiempo completo de la Red Oncológica nacional, esto sólo se logrará si se separa de la labor del Instituto Especializado, siendo potestad del MINSA crear el órgano desconcentrado INEN para que se avoque a su rol de manejo de alta complejidad; además, los IREN deberían transformarse en Institutos Nacionales con un presupuesto más equitativo. En paralelo, se debería invertir para que en 3 años se cierren las brechas actuales de radioterapia y quimioterapia a nivel nacional. Cenares debe implementar acuerdos de entrada gestionada para proveer medicamentos innovadores de la mano de una eficiente Red de Evaluación de Tecnologías.

Por último, la vigilancia epidemiológica activa sobre el cáncer y sus causas; así como el Banco Nacional de Tumores a cargo del Instituto Nacional de Salud son claves para impulsar la investigación, desarrollo e innovación científico tecnológico que el país necesita para estar a la vanguardia de la lucha contra el cáncer.